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Después de permanecer más de 24 horas en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en la ciudad de La Paz, Amilcar Barral, diputado suplente de UD, fue imputado por los delitos de extorsión, cohecho pasivo propio y uso indebido de influencias e irá a audiencia cautelar hoy. Al mismo tiempo y luego de que realizara denuncias sobre manejos discrecionales de celdas dentro del penal de San Pedro, las autoridades de Gobierno adelantaron que preparan una intervención a este recinto.

“Lo que tenían que mandarme es documentación y fotografías, eso es lo que tenían que mandarme como todas las denuncias que he recibido en este tiempo. Lo que tenía que recoger mi asistente era la documentación, pero aquí ya me han querido plantar la prueba y agarrarme en flagrancia. Ayer habló el comandante de la DACI (Inteligencia de la Policía) diciendo que era flagrancia, que a mí me han visto con el dinero, que a mi asistente lo han seguido desde la cárcel hasta mi oficina, es mentira”, dijo el diputado cuando llegó a celdas judiciales, después de las 16:00.

Amilcar Barral fue detenido la tarde del martes acusado de extorsionar dentro del penal de San Pedro, a cambio de no pedir un informe escrito sobre las construcciones en el interior del panóptico. Su acusador es el exalcalde de El Alto Édgar Patana (MAS), quien guarda detención por dos casos de corrupción, la disposición de vehículos para terceras personas y la compra irregular de buses Sariri.

Barral lo había acusado de disponer predios dentro del penal de San Pedro y administrar a su antojo los quioscos que hay dentro de la sección La Posta, el sector más cotizado de la cárcel paceña. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo en conferencia de prensa que ese tipo de denuncias había antes de que llegara el exalcalde a este penal y que se está preparando un operativo similar al de Palmasola.

“Pero no hemos hecho un megaoperativo como el de Palmasola ciertamente, porque hemos estado esperando completar alguna información de Inteligencia; sin embargo, vamos a pedir una investigación rigurosa y la vamos a informar transparentemente a la opinión pública sobre quién está involucrado”, dijo.

La noche del martes, el director nacional de Régimen Penitenciario, Ernesto Vergara, admitió que el exalcalde realizaba construcciones dentro del penal y que fue observado cuando metía material de construcción. Mientras que el jefe de la división Corrupción Pública de la Felcc, mayor Luis Guarachi, afirmó que Patana era criticado por la administración de los anaqueles que existen en esa sección.

En su declaración, Patana admite que realiza edificaciones y que por eso fue extorsionado. “Partidarios de Unidad Nacional estarían haciendo una petición de informe al ministro Carlos Romero con relación al uso de suelos. También estaba el tema de los materiales de construcción (que ingresan a la cárcel) y cómo, de alguna manera, se estaba organizando la distribución de las celdas en el penal de San Pedro”, afirmó cuando le preguntaron por qué surgió la denuncia de extorsión.

La acusación

El fiscal Samuel Lima, que está a cargo del caso, explicó que el diputado es representante nacional y por tanto se desvirtúa el riesgo procesal de fuga, por esa razón pidieron medidas sustitutivas, pero que se deben realizar más investigaciones y, por tanto, amerita su detención domiciliaria.

Para el caso del asistente de Barral, H.G.M., no se tomaron en cuenta las mismas condiciones y se está solicitando la detención preventiva.

La Fiscalía informó de que el acusado “reconoció que por instrucción del asambleísta se constituyó en dos oportunidades al penal de San Pedro y recibió del reo K.M.M.B un sobre en el que presuntamente había documentación, pero negó haber tenido conocimiento que llevaba sumas de dinero”.

El diputado acusado dijo que ellos pedirán la libertad pura y simple, porque la Fiscalía y la Policía no pudieron probar que hubo flagrancia en los tres delitos. Denunció que el coronel Pablo Blanco golpeó a su asistente para que lo incrimine.

El jefe policial afirmó que ellos cumplieron con un operativo luego de recibir una denuncia y que su trabajo acaba cuando entregan a todos los detenidos ante los fiscales, ya que ellos son los encargados de acusar a los responsables de cualquier hecho.

Hoy, desde las 9:30, los fiscales y los abogados expondrán sus argumentos frente a la jueza Melina Lima, que preside el juzgado cuarto Anticorrupción, en el primer piso del Tribunal Departamental de Justicia. El abogado Eduardo León, que es uno de los defensores, aunque no puede ejercer por sus propios casos, adelantó que las acusaciones contra el diputado denotan una intención del Gobierno.