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El ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó que Patricia Salazar tiene un proceso en su contra pero que este no cuenta con sentencia ejecutoriada por lo que no hay un impedimento para que ella pueda ocupar un cargo dentro de la administración pública.

Salazar, que es la responsable de administrar los bienes incautados al narcotráfico en Santa Cruz, fue aprehendida y enviada al penal de Palmasola entre 2016 y 2017, acusada de estafa agravada con múltiples víctimas.

"Hay un proceso para poder acceder a una función pública, no tiene que tener sentencia ejecutoriada y en este caso no tiene, en todo caso el director nacional de Dircabi será la instancia que tomará una decisión al respecto", dijo Romero.

Salazar manifestó que ella fue invitada para hacerse cargo de Dircabi, en la regional cruceña; aún queda pendiente la resolución de un juicio oral en su contra que puede darse el venidero 11 de junio, luego de haberse suspendido cuatro ocasiones en lo que va del año.

La denuncia

Darling Franco, abogada apoderada de 13 víctimas de la supuesta estafa agravada donde es acusada Salazar junto a Marco Antonio Montero, indicó que esta causa se inició en 2016 debido a las denuncias de estudiantes que habrían sido estafados por unos cursos de un centro de educación técnica en ramas de la salud en provincia.