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La defensa legal de la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas) apeló el juicio abreviado al que se acogió Karina Suárez, una de las implicadas en el hurto de $us 7,7 millones, que sufrió la telefónica dentro del programa Cotas en Cuotas. La medida, según Jaime Soliz, abogado de la operadora, no beneficia a los intereses de la entidad, porque la ahora condenada solo devolvería $us 431.034 de lo sustraído.

La cifra solo representa el 5,6% del daño causado a la cooperativa. El dato se desprende en medio de un conflicto mediático entre la defensa de la cooperativa y la comisión de fiscales, que se han acusado mutuamente de entorpecer la investigación del millonario desfalco, por el que se investiga a 23 personas.

Un acuerdo que no beneficia

La comisión de fiscales defendió el proceso abreviado al que se sometió Suárez, porque la acusada admitió su participación en la millonaria estafa. Además, según los fiscales, una apelación retrasa el resarcimiento que tiene que hacer la autora confesa del robo a la cooperativa, en un proceso civil, y para lo cual se necesita tener una sentencia ejecutoriada.

“La sentencia está en grado de apelación y no es posible acceder a los bienes (de la acusada). La reparación de daños de la señora Karina está siendo retrasada por Cotas”, informó Osvaldo Tejerina, miembro de la comisión de fiscales que investiga el caso Cotas.

Suárez, es esposa de Hubert Gil, uno de los principales sospechosos del robo.

Fue detenida en marzo, y según la Fiscalía y la Policía vendía, en el mercado negro, los equipos que su pareja (que era funcionario de la cooperativa), retiraba de la telefónica mediante solicitudes ficticias que se realizaban en el programa Cotas en Cuotas.

La mujer, admitió su culpa en este caso, y a través de un proceso abreviado, fue sentenciada a tres años de reclusión, pero, según las normas penales al ser una condena menor a cinco años, no cumplirá esta sentencia en presidio

Soliz, cuestionó este procedimiento porque a su criterio no beneficia a la cooperativa.

Reveló que los bienes anotados a la pareja de Gil, solo suman unos Bs 3 millones ($us 431.034), recursos que no llegan a cubrir el hueco financiero dejado por la millonaria estafa.

Cabe recordar que, en un correo enviado por un consorcio de abogados al exgerente de la telefónica, Saúl Antelo, se había recomendado a Cotas negociar con Gil, exdirector de Marketing de Cotas y con otro implicado, la devolución de parte de lo robado.

Incluso el documento detalla que existía el compromiso de Gil de llegar a un acuerdo para reponer $us 4 millones.

No vemos recomendable enjuiciarlos, en vista de que, con ello, se degradaría sensiblemente la posibilidad de obtener una reparación cierta y afianzada del daño ocasionado”, señalaba la misiva enviada por el consorcio.

Acusaciones

En este contexto, el representante legal de la telefónica, informó que en un juicio abreviado la víctima (en este caso Cotas), debe estar a favor del proceso.

“Creemos que era pertinente, y Cotas, no aceptará este proceso, no fue un acierto”, afirmó.

Por otro lado, el Ministerio Público, comunicó que desde que se inició la investigación del caso, desde la telefónica cruceña, no se presentó ningún memorial que ayude a la investigación.

A decir de los fiscales, la entidad solo presentó una denuncia contra presuntos implicados, y cuando la Fiscalía encontró indicios en algunos sospechosos que tenían un cargo jerárquico en la cooperativa, la defensa de la operadora no apoyó las investigaciones del caso.

Es más, según Tejerina, ningún abogado de Cotas acudió a las audiencias de estos implicados.

Incluso el fiscal afirmó que sin ayuda de la víctima lograron la anotación de 50 bienes de los implicados en el millonario hurto.

En respuesta, Soliz sostuvo que Cotas apoyó en todo al Ministerio Público, y que “le abrió las puertas de par en par”, pero que “detuvo a gente inocente”.