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La niña, de 11 años, ayudaba en la pensión de su madre. Allí fue abordada por el sargento de la Policía Miguel Q.C., de 30, quien la violó, la embarazó, la prostituyó entre sus camaradas, y luego la convirtió en vendedora de pastillas abortivas, en Cochabamba.

A su corta edad, la menor fue vejada por seis policías, quedó embarazada y fue obligada a abortar por otro oficial causándole graves traumas.

El año pasado, el sargento Miguel Q.C. volvió a abusarla. Este año la menor quedó nuevamente encinta y el policía exigía que interrumpa el embarazo tomando pastillas abortivas. “Voy a tener más problemas que tú”, le decía el hombre.

La niña proviene de una familia desintegrada. Al enterarse del hecho, la madre buscó ayuda y la anterior semana presentó denuncia. Las representó la Oficina de Apoyo Integral para la Familia que junto con la Policía organizaron un operativo para aprehender al sargento.

El abogado Riedson Flores Orellana explicó que el abordaje del sargento a la niña empezó hace dos años. Él y sus camaradas iban a almorzar a la pensión de la madre de la menor. Empezó haciéndole regalos, luego le entregó pastillas abortivas para que las comercialice. Después ofrecía a la menor a sus camaradas quienes abusaron de ella y quedó embarazada. La obligaron a abortar.

“Ese primer aborto fue traumante para la niña, tanto que ahora que está embarazada nuevamente, quiere tener a su bebé”, especifica la pedagoga social Andrea García Magne. La profesional considera que se acercó al policía porque lo veía como referente paterno.

El sargento, al saber de la situación, citó a la niña en la plaza 10 de febrero de Villa Pagador, pero el operativo con Inteligencia de la Policía ya estaba en marcha y procedieron a la aprehensión. En el vehículo en el que se encontraba hallaron 8.060 bolivianos y más pastillas abortivas.

Al ser aprehendido, el hombre dijo que solo intentaba ayudar a la menor para que “salga del problema del embarazo”.

Trabajaba en la Estación Policial Integral (EPI) de Jayhuayco. Fue puesto a disposición de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen para que se determine su responsabilidad.

Anoche, el comandante de la Policía Departamental, Raúl Grandy, señaló que no permitirán que policías cometan ilícitos.

Anunció que “será dado de baja de manera ignominiosa”.

Además, investigarán la procedencia del RAV 4 en el que se movilizaba el policía.

Pese a la agresión sexual a la que fue sometida, la niña expresó su deseo de tener a su bebé “debido al trauma que le causó una anterior interrupción de la gestación”, explicó Andrea García.

El abogado Flores aseguró que pesan sobre el policía por lo menos cuatro delitos: violación a menor de edad, trata y tráfico de personas, prostitución de una niña, y explotación sexual.

Ayer se informó que Miguel Q.C. tiene antecedentes por narcotráfico.