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El Gobierno informó este jueves que 12 aeronaves incautadas hasta el 2018, por presuntos vínculos con el narcotráfico, fueron liberadas de responsabilidad penal por decisiones judiciales. Sin embargo, dijo que los casos fueron sometidos a un proceso por la acción de pérdida de dominio de bienes en favor del Estado y hasta ahora hay dos sentencias ejecutoriadas, que definieron la confiscación de esas aeronaves.

“Con gran sorpresa hemos visto que hasta 2018, 12 aeronaves incautadas al narcotráfico fueron liberadas producto de decisiones judiciales en el ámbito de la jurisdicción penal; cuando digo liberadas me refiero al hecho de que en la aplicación de los juicios penales estas aeronaves han sido liberadas de responsabilidad penal”, explicó el ministro de Gobierno, Carlos Romero, durante una conferencia en Trinidad.

Ante esto, la autoridad explicó que estos casos fueron sometidos a la acción de pérdida de dominio de bienes en favor del Estado, establecido en la nueva Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas; medida que fue interpuesta por la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi).

El parágrafo segundo del artículo 70 de dicha norma dispone que dicha acción se ejercerá en cualquier momento por ser bienes vinculados a actividades de tráfico ilícito de sustancias controladas, que no pueden configurar un derecho de propiedad por carecer de título legítimo; y se sustanciará por las disposiciones contenidas en la presente ley, convenios y tratados internacionales.

La disposición, además, establece que para iniciar esa acción no es necesario que el titular del derecho, poseedor o tenedor del bien haya participado en la actividad ilícita que compromete los bienes ya que es independiente de la existencia de un proceso penal por delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias controladas.

Bajo el amparo de dicha norma, Romero dijo que existen dos sentencias ejecutoriadas que declararon la confiscación de dos aeronaves. “Estos casos son importantes porque estos casos han sentado una línea jurisprudencial, una decisión jurisdiccional que tendrá que ser uniforme para los otros casos”, manifestó.

La autoridad afirmó que esta situación demuestra que dichos casos interpuestos por la vía ordinaria en materia penal no afectan el poder logístico, material y económico de las organizaciones de narcotraficantes.

“En cambio, por la vía de la acción de la acción de pérdida de dominio que hemos incorporado en la nueva Ley de Sustancias Controladas ha sido posible afectar estas aeronaves que eran utilizadas como instrumentos para el trasiego de droga, para lamaterialización de actividades vinculadas al narcotráfico”, aseveró Romero.

El Ministerio de Justicia ni el Poder Judicial no han emitido ningún comentario sobre las declaraciones de Romero.