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La Fiscalía Departamental de Tarija informó que el Juzgado Segundo de Instrucción Cautelar determinó medidas sustitutivas a la detención preventiva para el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, por la compra de cemento asfáltico para la construcción de la carreta Santa Ana - Yesera, que hubiera sido inaugurada ocho meses antes por la misma autoridad.

“En la audiencia de medidas cautelares, se pudo acreditar con todos los elementos que el señor Adrián Oliva habría tenido participación dolosa en este hecho, toda vez que ya desde la gestión 2015 tenía conocimiento del avance de la construcción de la carretera y habiendo entregado oficialmente la misma en abril de 2016 permitió que se proceda a la compra de cemento asfáltico para ese mismo camino, casi 8 meses después”, aseguró el fiscal departamental de Tarija, Aimore Álvarez Barba.

La autoridad judicial en la audiencia, que demoró en llevarse a cabo casi por dos años por diversas razones, estableció las medidas sustitutivas a la detención preventiva para el gobernador de Tarija aplicando el arraigo nacional, toda vez que en su calidad de gobernador puede salir con facilidad del país.

De igual forma, el juez prohibió a Oliva establecer alguna comunicación con los otros imputados o testigos, además de la presentación de dos garantes personales y la obligación de presentarse una vez al mes ante el Ministerio Público.

De acuerdo a las antecedentes del hecho, el 12 de diciembre el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, a través del Servicio Departamental de Caminos, suscribió el contrato con la empresa G.S.Q., General Service of High Quality, representado por J. A.C.F., para la provisión del cemento asfaltico para la conclusión de trabajos de imprimación y carpeta asfáltica del Proyecto Construcción Camino Santa Ana – Yesera.

Sin embargo, el 21 de abril de 2016 (cerca de 8 meses atrás), la carretera mencionada ya habría sido entregada definitivamente, mediante acto público, en el cual participó e hizo entrega oficial el propio Gobernador Adrián Oliva,

Bajo ese antecedente, los investigadores consideran que no existía razón para la contratación de una empresa que suministre asfalto cuando las obras ya concluyeron.