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Tras las medidas sustitutivas otorgadas el pasado jueves al gobernador de Tarija Adrián Oliva por las denuncias de presuntos contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, la autoridad departamental expresó el día de hoy que las acciones tomadas en su contra son «desproporcionadas»; al mismo tiempo afirmó conocer la situación y que no sería la primera ni la última autoridad que se somete a la justicia, «no tengo ningún problema, y lo voy a hacer», fueron sus palabras.

Según el fiscal de distrito, el abogado cruceño Aymoré Álvarez, el primer caso en contra de la autoridad es investigado por una denuncia que presentó en enero el asambleísta, Rubén Velasco, sobre una posible adquisición irregular de llantas para el proyecto Iscayachi- final Copacabana que tramitó el Servicio Departamental de Caminos (SEDECA), una entidad descentralizada de la Gobernación.

Mientras que el segundo proceso es sobre la adquisición de cemento asfáltico para el tramo Santa Ana – Yesera, que se hizo tiempo después de que ese camino haya sido entregado por el mismo gobernador Adrián Oliva. La compra también se tramitó en el SEDECA

Frente a tales imputaciones del Ministerio Público, Oliva aclara que en realidad se le acusaría de haber entregado un proyecto de «manera pronta» (Tramo Santa Ana – Yesera).

Explicó que debido al carácter perecedero del cemento asfáltico, la cantidad requerida para el tramo en cuestión habría sido sacada de almacenes, antes que estas unidades sufran daños.

«Posterior a esto, se repuso el cemento usado, ya que pertenecía a otro proyecto», afirmó.