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La decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de permitir la sustitución de candidatos en los binomios presidenciales,es decir, dejar de lado lo vinculante de las elecciones primarias, es un daño económico a las arcas del Estado y de corresponsabilidad compartida de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Electoral, dicen analistas.

No es la primera vez que se “echa al tacho” procesos desarrollados que tienen objetivos y reglas determinadas de cumplimiento obligatorio, y son cambiados al calor del momento.

Abogados, constitucionalistas y politólogos, coinciden en que, nuevamente, la entidad electoral obvia la obligatoriedad de los resultados de un proceso que la institución administró.

Según datos oficiales, las elecciones primarias tuvieron un costo aproximado de 27 millones de bolivianos.

“Este monto de dinero, si lo vemos hoy día, ha sido dilapidado, pudo haber sido empleado en otras necesidades de los bolivianos. Hay una corresponsabilidad del Ejecutivo, Legislativo y Electoral”, dijo Paul Antonio Coca.

Un solo objetivo

A su vez, el constitucionalista Willams Bascopé Laruta sostuvo que por segunda vez se hace un daño a la economía del país y que más adelante se tiene que pensar en un juicio de responsabilidades a Evo Morales y Álvaro García Linera: por el referendo del 21 de febrero de 2016 y ahora las elecciones primarias.

“Forzaron en primera instancia un referendo para cambiar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado y postularse nuevamente, no les resulta y van al Constitucional, instancia que les da luz verde, pero ante el fantasma del 21F y validar su participación impulsan las primarias”, afirmó.

Ley a su gusto

En tanto, Yerko Illijic, politólogo, asegura que el MAS utilizó a la Asamblea para aprobar una norma en su beneficio, como es la Ley de Organizaciones Políticas.

“Quienes han producido este daño económico son los que han impulsado las primarias, la Asamblea es la causante de este daño económico de 27 millones de bolivianos”, aseguró.