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El capitán Fernando Raúl M. A. aún pertenece a la institución y continuará trabajando en otra unidad mientras dure su proceso disciplinario y éste establezca o no la falta por la que se le acusa, según dijo ayer la Fiscalía General Policial.

El policía “gasificador” es investigado disciplinariamente por faltas graves con responsabilidad temporal y faltas con retiro o baja definitiva. El uniformado continuará trabajando en otra unidad policial, pese a que el Ministerio de Gobierno emitió una resolución ministerial que establece su baja definitiva.

El fiscal general policial, José Antonio Caviedes, explicó que la Ley 178 establece que ningún funcionario público puede dejar de trabajar y que la Ley Orgánica de la Policía (101) determina que cuando un policía es investigado la Fiscalía Policial debe asegurar su presencia en el proceso investigativo.

“Una vez puesto a disposición de la Fiscalía Policial se le asigna una función laboral para que el Estado no gaste dinero sin que el policía trabaje”, explicó.

El Ministerio de Gobierno, mediante una resolución ministerial, dispuso la baja definitiva del capitán Fernando Raúl M. A., acusado de gasificar a dos niños y agredir a una persona de la tercera edad y una mujer.

“Por las constantes faltas disciplinarias se dispone la baja previo proceso disciplinario”, manifestó Quiroga el jueves por la noche.

El Viceministro también informó que investigan 200 casos similares de policías que tienen sentencias o procesos penales en su contra y siguen ejerciendo funciones en la institución.

Respecto a estos casos, el fiscal general policial señaló que el Comando General a través de un departamento de seguimiento está a cargo de regularizar lo antes posible estos procesos “para desligar a todos los policías con procesos de la institución policial”.

Caviedes, sin embargo, no pudo referir cuántos funcionarios policiales “cuestionados” fueron dados de baja ni cuál es su situación actual. Aun así, señaló que se hace un seguimiento continuo y exhaustivo de los casos.

El cuestionado funcionario policial, ayer llegó hasta el Comando Departamental para prestar su declaración ante el fiscal policial asignado al caso.

El capitán cuenta con más de ocho procesos disciplinarios que continúan siendo “investigados”.

El uniformado además tiene una sentencia por violación a una niña de 12 años en 2012, pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió liberarlo de culpa por un recurso de casación presentado por el acusado.

Según los documentos a los que accedió este medio, en 2012 también se le inició un proceso penal por el delito de lesiones graves y leves, además en 2008 por amenazas.