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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) frenó ayer la difusión de una encuesta elaborada por el sistema universitario, a la cabeza de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), la fundación Jubileo y medios de comunicación en el que se registra una menor distancia entre la candidatura de Evo Morales y Carlos Mesa y amenazó con sancionar a quienes la divulguen.

El TSE recibió críticas de los afectados y de la oposición por evitar la difusión de las encuestas. Por la tarde, en una conferencia de prensa, la vocal Lucy Cruz le dio una especie de sentencia a la encuesta: “Debemos indicar que la encuesta realizada por la UMSA infringe las prohibiciones establecidas en la ley 026, por lo tanto, no es válida. Considerando estos aspectos técnicos, seguramente el TSE procederá conforme a la normativa respecto a las sanciones” (sic).

EL DEBER realizó un seguimiento del intercambio epistolar entre la UMSA y el TSE, que se registró en poco menos de 24 horas.

Por orden cronológico, el martes 10 de septiembre a las 12:32 ingresó al ente electoral una carta del rector de la UMSA, Waldo Albarracín, dirigida al director del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), del TSE, Víctor Villalta, con la referencia: “Entrega de datos e informe sobre estudio de opinión en materia electoral”. La información se pasó un día antes de la publicación de resultados.

El TSE realizó la revisión del documento. Fuentes del Sifde coincidieron con la declaración a este medio del director ejecutivo de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, en que la noche del martes, el órgano electoral envió un correo electrónico a los autores de la encuesta en el que les informaban que tenía observaciones, sin especificarlas.

Pero, no fue hasta las 9:44 de ayer, que la UMSA recibió oficialmente la nota 1095/2019, del Sifde, firmada por Villalta, con referencia a una “solicitud de aclaración de información sobre estudio de opinión en materia electoral”.

Núñez explicó que desde las 8:00 personal de la UMSA esperó en la puerta del TSE para conseguir el documento para emitir una respuesta urgente. Lo consiguió y por ese motivo, a las 11:40 de la mañana, el Órgano Electoral recibió la respuesta a las consultas del Sifde, firmada por el rector Waldo Albarracín. Luego de hacerlo, soltó la información que fue publicada por Televisión Universitaria y por una radio en La Paz, incluso antes del mediodía.

Con la declaración de Cruz, quedó claro que la difusión o incluso el comentario de la encuesta será sancionada.

Las observaciones

La observación principal del TSE se sustenta en el cumplimiento del artículo 135 de la ley 026 de Régimen Electoral. El inciso c) señala que se prohíbe la difusión de estudios de opinión en materia electoral cuando “hayan sido encargados, financiados o realizados por organizaciones políticas, candidaturas, misiones nacionales o internacionales de acompañamiento electoral y organismos internacionales”.

Fuentes del TSE señalaron que observan que las ONG internacionales que apoyan a este proyecto tienen financiamiento de la NED y Usaid, relacionadas con partidos y con el Gobierno de Estados Unidos.

En su respuesta, la UMSA explicó que en el caso de las “entidades internacionales mencionadas como ser la Misión de Observación Electoral de Colombia, Participación Ciudadana de Ecuador y Transparencia Electoral de Perú, “son organizacuiones privadas no gubernamentales que a partir de un convenio de cooperación con la Fundación Jubileo establecen solamente un apoyo de asistencia técnica”, asevera la nota.

Con respecto al financiamiento de la encuesta que se conoció ayer, denominada Prueba Alfa, “Jubileo es la entidad encargada de buscar fuentes de financiamiento que en este caso son recursos provenientes de proyectos para observación electoral que han sido gestionados ante la comunidad internacional. Dicha información será detallada en reunión de representantes de los países que han comprometido su apoyo”, dice el texto.

Juan Carlos Núñez adelantó que esas representaciones convocarán a un encuentro con los medios en un plazo máximo de una semana.

Mientras, el inciso d) de la ley 026 admite la misma prohibición cuando las encuestas “hayan sido encargadas o realizadas por entidades estatales de cualquier nivel o financiadas con fondos públicos, salvo las realizadas por el Órgano Electoral a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE).

La UMSA aclaró en su respuesta que los recursos propios del Sistema de Universidades están garantizados por el artículo 92, parágrafo I de la Constitución, y que apela a la autonomía universitaria, que consiste en la libre administración de sus recursos, el nombramiento de sus autoridades, de su personal docente y administrativo, la aprobación de estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales. Además, mencionan la libertad para aceptar “legados y donaciones”.

Advierten que el objetivo no es político, sino que corresponde al ámbito de la investigación académica. Además, el TSE identificó un presunto “error muestral” de la Unidad Primaria Muestral de Pando, que llega al 14% y “no es aceptable”. Lo otro, es que en la propuesta técnica se anticipó la realización de 14.472 entrevistas y al final solo hubo 14.238, y pregunta: ¿por qué se redujo la muestra?”.

En el primer punto, la organización respondió que “no se pudo entrar a algunas unidades primarias de muestreo, “por el rechazo de autoridades locales que no permitieron el ingreso de los encuestadores, y que ocurrió en Pando, Potosí y Cochabamba”. Otro elemento fue la “difícil acessibilidad”. Luego, explicaron que se recolectaron 14.238 encuestas completas, el 98,38% de la muestra planificada, y que si se tiene 79 encuestas incompletas, no formaron parte de la base de datos final.

Reacciones

El rector Waldo Albarracín aseguró que se subsanaron todas las dudas del TSE y justificó por qué se lo lanzó de todas formas. “Estamos absolutamente habilitados para difundir la encuesta”, porque de no hacerlo se constituiría en una “vulneración al derecho a la información”.

La Alianza Comunidad Ciudadana, a través del vocero Ricardo Paz, denunció que el Tribunal Supremo Electoral violó el derecho a la libertad de expresión al prohibir la difusión de la “encuesta más grande de la historia de Bolivia” realizada por la iniciativa Tu Voto Cuenta, conformada por la Universidad Mayor de San Andrés y la Fundación Jubileo en alianza con medios de comunicación. La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, al responder, arremetió contra Paz y dijo que el vocero debería preocuparse de atender la campaña de Carlos Mesa, “que está en franco descenso de acuerdo a las últimas encuestas”.