Legislativo aprueba el reglamento y convocatoria para elegir vocales electorales del TSE
El proceso establece el cumplimiento de 16 requisitos, causales de inelegibilidad e incompatibilidad y se da un plazo de ocho días calendario para la presentación de postulaciones desde la publicación de la convocatoria.
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó hoy, por dos tercios, el Reglamento y Convocatoria de Selección y Elección de Vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La convocatoria se publicará mañana en al menos tres medios impresos a nivel nacional y en las páginas oficiales de la Vicepresidencia de Bolivia, la Cámara de Senadores y la Cámara de diputados.
El proceso establece el cumplimiento de 16 requisitos, causales de inelegibilidad e incompatibilidad y se da un plazo de ocho días calendario para la presentación de postulaciones desde la publicación de la convocatoria.
Tras la aprobación, la recepción de documentación de los postulantes a se realiza partir del sábado 30 de noviembre, durante ocho días calendario.
El reglamento de convocatoria fija que los postulantes a vocales deben tener licenciatura, trayectoria profesional y académica. Los postulantes serán sometidos a una evaluación de conocimientos del sistema democrático y sistema electoral boliviano, mediante una entrevista.
El proceso de selección dispone que el postulante no haya tenido militancia partidaria por lo menos 10 años anteriores a este proceso de elecciones.
Además, el postulante no debe tener parentesco con los actuales asambleístas, los miembros de los altos tribunales de justicia y otras autoridades hasta un cuarto grado de consanguinidad.
También se establece que no podrán ser partícipes en este proceso aquellas personas que tengan sentencia condenatoria ejecutoriada, pendiente de cumplimiento relacionadas con las leyes 348 (lucha contra la violencia a la mujer) y 243 (contra acoso y violencia política). Tampoco aquellas personas que tengan proceso penal por violencia contra la mujer, contra niñas, niños o adolescentes, trata y tráfico de personas, violación ni delitos relacionados con corrupción, narcotráfico o delitos contra la unidad del Estado, con imputación formal.
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