La presidenta de facto, Áñez promulga la ley de ampliación de plazo y el TSE tiene 10 días para convocar a elecciones
Jeanine Áñez dijo que fue el vocal Salvador Romero el que recomendó los nuevos plazos para que su trabajo sea "eficiente" y se desarrolle en el marco de plazos correctos, sin pausas, pero tampoco sin presiones de tiempo que pudieran resultar
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene 10 días para lanzar la convocatoria a las elecciones generales del 2020, luego que fuera promulgada la ley que modificó el inicial plazo de 48 horas. La presidenta de facto Jeanine Áñez promulgó la ley y aprovechó la ocasión para designar a dos de los representantes del Gobierno en los tribunales electorales de Oruro y Potosí.
"La ley que hoy promulgamos es el resultado de la coordinación entre la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Ejecutivo. Este mecanismo de coordinación ágil fue posible porque todos los poderes del Estado y todos los bolivianos estamos trabajando para la realización de elecciones limpias, justas y transparentes", dijo Áñez en su discurso de promulgación.
Los vocales inicialmente tenían 48 horas, a partir de su posesión, para convocar a elecciones. El vocal Salvador Romero, nombrado por el Gobierno, gestionó la ampliación del plazo y se espera para los primeros días de enero la convocatoria.
"El derecho al sufragio es un elemento medular en un Estado democrático, entonces es nuestro deber como Estado, a través de todos sus órganos, garantizar el ejercicio real de este trascendental derecho", sostuvo Áñez, cuya gestión tiene como prioridad la convocatoria a nuevas elecciones en 2020.
La ley 1266 de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de elecciones generales fijó en 48 horas el tiempo para la convocatoria a elecciones generales a partir de la designación de vocales del TSE. El jueves juraron los nuevos vocales.
En el acto de promulgación, la Presidente de facto designó, además, a Juan Ricardo Laura Andrade y a Julio Mujica Quispe como los representantes del Ejecutivo ante los tribunales electorales departamentales de Oruro y Potosí, respectivamente.
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