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A través de un memorial presentado al Tribunal Primero de Sentencia de La Paz Sonia Mamani Vargas, quien fue elegida en 2012 como jueza ciudadana por el caso de supuesto terrorismo, presentó este lunes su renuncia a ese cargo y denunció que desde el Ministerio de Gobierno -durante el gobierno de Evo Morales- fue presionada para apoyar decisiones contra los principales acusados en este juicio. Señaló que la amenazaron con iniciarle un proceso por incumplimiento de deberes si renunciaba al puesto para el que había sido elegida. 

En el documento, Mamani, radicada en La Paz y viuda, señaló que conversó con el presidente del Tribunal, Sixto Fernández, para excusarse del caso porque tenía dos hijos en edad escolar, además debía atender su negocio, que era el único sustento de su familia; pero, a pesar de todo fue obligada a ejercer como jueza ciudadana con la amenaza de un juicio por incumplimiento de deberes. 

Relata que prácticamente obligada asistió a Tarija donde se inició el caso terrorismo. Le pagaron los pasajes en avión, viáticos de alimentación y alojamiento, hasta que el caso fue trasladado a Santa Cruz donde le pareció extraño haber sido alojada en una vivienda que, según le informaron, había sido incautada al narcotráfico. 

La jueza ciudadana denunció en el documento que cuando se realizaban las votaciones sobre el juicio y ella emitía un voto disidente, el juez presidente le indicaba que debía votar como ordenaban ‘los que le estaban pagando’.

Durante el juicio en Santa Cruz, Sonia padeció problemas de salud, incluso sufrió un desmayo durante una audiencia motivo por el que fue trasladada a un centro médico donde le diagnosticaron anemia. Esto llevó a que el Ministerio de Gobierno le brinde apoyo con medicamentos para que no abandone el caso. 

Mamani señaló que cuando expresó su intención de renunciar al caso, el juez Fernández la amenazó: “Si renuncias te van a cobrar todo el dinero que te han entregado”.

En el documento, la mujer también reveló que quien financiaba sus viajes era el Ministerio de Gobierno y no el Consejo de la Magistratura como lo hacían con los jueces técnicos. 

Con el tiempo y a medida que se desarrollaba el juicio, las disidencias de Mamani fueron más frecuentes por lo que fue convocada a una reunión con Filemón Sandóval, a quien identificó como abogado del Ministerio de Gobierno, quien reiteró apoyo para su salud, pero también la amenazó económicamente en caso que decida retirarse del juicio, motivo por el que tuvo que volver a “alinearse con los otros jueces en la toma de resoluciones”.

Debido a la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia, lo que significaba un cambio de Gobierno, Sonia decidió contactarse con el juez Fernández para que le comunique cómo se iba a proceder para el traslado a Santa Cruz, donde todavía se lleva adelante el juicio por el caso Terrorismo.

Fernández le pidió aguardar; sin embargo, nunca volvieron a contactarse con ella por este motivo estuvo ausente en una de las audiencias, relata en el documento.

Denuncia por malversación

La tarde de este lunes los abogados Gary Prado y Otto Ritter, que defienden a varios vinculados al caso de supuesto terrorismo, presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Santa Cruz en contra de los exministros Hugo Moldiz, Carlos Romero y Jorge Pérez.

“Los delitos son por uso indebido de influencias y malversación de fondos, entre otros. El Tribunal siempre fallaba a favor del Gobierno (en el caso terrorismo), porque salía plata para los pasajes a los jueces ciudadanos. No puede alguien ser juez y parte”, manifestó Ritter, en contacto con Bolivia TV.