La Fiscalía inició una acción penal contra exmagistrados del TCP que avalaron la repostulación de Evo
Los seis exmagistrados del TCP fueron denunciados por el presunto delito de Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes por habilitar la figura de la reelección indefinida en el país.
El fiscal de Materia de Chuquisaca, Cristian Durán, informó hoy que el Ministerio Público aceptó la denuncia interpuesta en contra de seis exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional que habilitaron la figura de la reelección indefinida en el país y así avalaron la respostulación del expresidente Evo Morales.
La autoridad señaló que los investigados son los exmagistrados Macario Lahor Cortez, Osvaldo Valencia, Zenón Hugo Bacarreza, Mirtha Camacho, Neldy Virginia Andrade y Ruddy José Flores Monterrey.
Los seis magistrados del TCP fueron denunciados por el presunto delito de Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes. La denuncia, señaló Durán, está en la Unidad de Anticorrupción y explicó que las exautoridades serán investigadas por la vía ordinaria toda vez que ya dejaron sus cargos como magistrados, por lo que se inició una acción penal.
Según la Ley Nº 044, “Ley para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de Altas Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público”, las máximas autoridades del país deben ser juzgadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, por los hechos ilícitos cometidos en el ejercicio específico de las funciones.
Este sería el caso de los exmagistrados que son denunciados por una resolución emitida durante el ejercicio de su cargo; sin embargo, el fiscal Durán explicó que la Fiscalia resolvió que la denuncia no sería remitida a la Asamblea Legislativa.
“El proceso se ha reconducido, se ha decidido iniciar la acción penal desde el Ministerio Público de acuerdo a la norma, toda vez que la Ley Nº 044 y Ley Nº 612 es cesar en sus funciones a los magistrados. Después de una análisis minucioso de la norma, se resolvió que no deberían ser remitidos a la Asamblea Legislativa, sino serán juzgados por el Ministerio Público y se inició la acción penal correspondiente desde la Fiscalía Departamental de Chuquisaca”, argumentó Durán.////
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