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El fiscal Marco Villa, asignado al caso, anunció este lunes que el contrato de alquiler de la residencia de la embajada de México en La Paz concluyó y analizan con proceder con la orden de aprehensión contra el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y otras exautoridades que se encuentran refugiadas en ese inmueble.

“El Ministerio Público verá la factibilidad de ejecutar estas órdenes de aprehensión, inclusive se tiene conocimiento que el inmueble en relación al contrato de alquiler habría vencido”, dijo el fiscal en contacto con Btv.

Además, informó que no se descarta el poder ejecutar con la medida a través de la autorización correspondiente de la Cancillería. 

“Aquí debemos guardar las normas y tratados internacionales pero, entre otros elementos, no se descarta tener la autorización a través de Cancillería, no se descarta que se pueda ejecutar circunstancialmente en base a ese antecedente de que esa embajada en cuanto a locación perdería estatus”, explicó. 

Al igual que Juan Ramón Quintana, esa residencia acoge a la exministra de Culturas, Wilma Alanoca, que también cuenta con orden de aprehensión por sedición y terrorismo, y exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que fueron involucrados en el fraude electoral del 20 de octubre.////