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Cuatro organismos internacionales se pronunciaron sobre los hechos de violencia ocurridos en Bolivia después de la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre. Hablan de violación de los derechos humanos y persecución contra exautoridades, según un recuento hecho por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

El Celag recoge los pronunciamientos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional.  Se hace recuerdo que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas Derechos Humanos (ACNUDH) elabora un informe.

Diego García-Sayán, relator especial de la ONU sobre Independencia de Magistrados y Abogados, ya afirmó el 2 de febrero que le preocupa  “el uso de las instituciones judiciales y fiscales con fines de persecución política. Crece el número de detenciones ilegales (…) Llamo al respeto a la independencia de las instituciones y al debido proceso”.

Mientras que Michelle Bachelet, en su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos, señaló el jueves que su oficina está preocupada “por la imputación de decenas de antiguos cargos gubernamentales y personas relacionadas con la antigua Administración”.

De acuerdo a un reporte de Bacheler más de 35 personas perdieron la vida en los hechos de violencia desatadas tras las elecciones anuladas del 20 de octubre por denuncias de fraude. Una vez asumió el poder Jeanine Áñez se inició proceso legales al expresidente Evo Morales, quien se encuentra asilado en Argentina, y a otras exautoridades por delitos como terrorismo y sedición.

También hace notar la CELAG que la “ONU no nombra como “presidenta transitoria” a Jeanine Áñez. “El bloque minoritario del Senado, convocado y votado sin el quorum requerido, eligió la nueva líder del cuerpo legislativo que se declaró, a sí misma, presidenta interina de Bolivia.”

Sobre la CIDH destacó pronunciamientos como el llamado a la reparación de los lesionados y sus familiares, y el recuerdo al Estado boliviano de “que la incitación a la violencia y los discursos de odio están prohibidos por la Convención, especialmente cuando son esgrimidos por funcionarios públicos o líderes sociales”.

Además mencionó la alerta sobre la “criminación y persecución de opositores políticos” y la calificación de “masacres” a los hechos ocurridos en Senkata y Sacaba, donde en total perdieron la vida 19 personas por impacto de bala, en ambos hechos estuvo fuerzas combinadas policiales-militares.

Mientras que sobre HRW hace notar las declaraciones de José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, quien afirmó en “CNN que lo sucedido en Bolivia con Evo Morales (renuncie por sugerencia de un jefe militar) “es técnicamente un golpe de Estado””.

Además pone en antecedentes los cuestionamientos que desató el decreto que liberaba de responsabilidad penal a los militares que participaron de las labores de restablecimiento del orden. La norma fue eliminada.

También destacó que la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, señaló sobre el decreto 4078: “la grave crisis de derechos humanos que atraviesa Bolivia, tras las elecciones del 20 de octubre, se ha visto agravada por la intervención y el accionar de las fuerzas de seguridad. Cualquier mensaje que implique carta blanca para la impunidad es gravísimo”.

Al momento están en la cárcel los exministros Carlos Romero y César Cocarico, en tanto que otros permanecen en la legación diplomática de México sin poder abandonar Bolivia por decisión del gobierno de Áñez. También se encarceló a la excolaboradora de Morales Patricia Hermosa, como a su primo, por contactos telefónicos que sostuvieron.//

La Razón