Los 8 cocaleros sentenciados a 30 años de cárcel por linchar a tres policías se habrían realizado cirugías plásticas
Los cuatro jueces denunciados por firmar los mandamientos de libertad de los ocho sentenciados a 30 años de cárcel por linchar a tres policías en Epizana, aclararon, en una conferencia de prensa, que ellos no les otorgaron la libertad a estas personas, sino que simplemente firmaron los mandamientos cuando los jueces responsables se fueron.
Henry Maida, Mirtha Montaño, Efraín Camacho y Sara Fuentes, denunciados por el senador Arturo Murillo por liberar a los comunarios que torturaron, quemaron y estrangularon a tres policías el 26 de febrero de 2008, pese a haber sido sentenciados en primera instancia, dijeron que ellos no estaban en funciones cuando los acusados solicitaron su libertad. Los jueces del Tribunal de Sentencia 1 y del Juzgado Cautelar 7, de los años 2009, 2010, 2011 y 2012, eran otras personas que fueron las que otorgaron la cesación de la detención preventiva en favor de los condenados.
La ley establece que ninguna persona puede estar detenida más de 36 meses sin una sentencia ejecutoriada o confirmada en Sucre. Ese es el argumento que esgrimieron los acusados, para pedir su libertad. Los jueces de ese período les concedieron su petición y les impusieron fianzas de 200.000 y 100.000 bolivianos. Los condenados demoraron muchos meses en conseguir el dinero. Incluso pidieron rebaja y la obtuvieron. Les aprobaron pagar entre 70.000 y 100.000 bolivianos.
Sin embargo, en ese lapso, los jueces que otorgaron la libertad se fueron del Poder Judicial. En suplencia de ellos, los cuatro jueces denunciados firmaron los mandamientos de libertad porque ya había una decisión previa de sus colegas que no les corresponde objetar. Si no firmaban, eran pasibles a procesos penales. Los jueces Montaño y Camacho dijeron que analizarán demandar al senador Murillo por difamación.
Lo peor, sin embargo, es que recién en 20 días la Sala Penal 3 confirmará o modificará la sentencia contra los acusados de matar a tres policías. Ellos presentaron una apelación restringida que demoró varios años en ser revisada. Empero, eso no significa que el proceso termine ahí.
La sentencia debe ir en revisión al Tribunal Supremo de Sucre, que es la instancia que recién ejecutoriará el fallo. Eso podría demorar muchísimo más.
El abogado de las familias de los tres policías, Luis Camacho, dijo que nunca fue notificado con la libertad de los condenados. Agregó que supo que ellos salieron y se sometieron a cirugías para cambiar su fisonomía y exigió que no se retarde más la justicia, “que el Tribunal de Sucre ejecutorie el fallo lo más pronto posible”. ///
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