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En una nueva muestra del temor político que genera Evo Morales, el diputado de Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormachea, presentó este lunes un proyecto de Declaración Camaral que busca declarar al expresidente como “enemigo de Bolivia”. El argumento: su supuesta responsabilidad directa en los recientes 14 días de bloqueos, que dejaron seis muertos, decenas de heridos y una afectación económica estimada en 800 millones de dólares.

Ormachea calificó la iniciativa como un “parteaguas” político en la Cámara de Diputados y advirtió que servirá para identificar a quienes aún respaldan al líder indígena, cuya figura sigue generando apoyo popular y resistencia institucional. “Es inaceptable que una persona que provoca división y violencia siga gozando de privilegios como expresidente. Hay que declararlo oficialmente enemigo del país”, señaló.

El legislador también anunció una minuta dirigida al Ministerio de Gobierno para exigir el cumplimiento de las órdenes de aprehensión contra Morales, el retiro de sus beneficios y la notificación a organismos internacionales sobre el “riesgo” que representa para la democracia.

Aunque Morales negó estar detrás de las protestas y se declaró “enemigo de los bloqueos”, desde distintas carteras del Estado se le señala como principal instigador. El Gobierno, en aparente contradicción, declaró una “pausa humanitaria” en medio del conflicto.

En los hechos, esta ofensiva política revela una coincidencia de intereses entre el oficialismo y la derecha tradicional: neutralizar al líder que enseñó a gobernar a Bolivia y que, pese al cerco mediático y judicial, aún amenaza con ganar las elecciones generales previstas para el 17 de agosto. La historia parece repetirse: cuando no pueden derrotarlo en las urnas, intentan proscribirlo.