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Tras el escándalo del consorcio judicial-político que habría presionado contra una magistrada electa, el Órgano Judicial sostuvo una reunión de emergencia para anunciar medidas que, según su discurso, buscan proteger su independencia. Sin embargo, no se abordaron con claridad los cuestionamientos sobre la pérdida de credibilidad del sistema judicial y la complicidad institucional en decisiones políticas.

La primera acción anunciada es la creación de un “observatorio para precautelar la independencia judicial”. Según Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el observatorio “estará vigilante ante cualquier tipo de injerencia interna o externa”. No obstante, no se explicó cómo se garantizará que este mecanismo no sea otro instrumento de control interno sin efecto real ni transparencia.

En segundo lugar, se decidió procesar disciplinariamente a los jueces “que actúen sin competencia”. “Sean de provincia o capital, quienes asuman atribuciones que no les corresponden serán procesados”, declaró Saucedo. Sin embargo, el comunicado omitió referirse a la presión política que muchas veces condiciona esas decisiones.

Como tercer punto, el TSJ exigió al Tribunal Constitucional Plurinacional que se pronuncie ante las acciones legales contra magistrados electos, denunciando una supuesta campaña para destituirlos. Saucedo subrayó que “ninguna medida cautelar puede suspender a una autoridad elegida por el pueblo” y que solo la Asamblea Legislativa tiene esa atribución. Pero estas declaraciones surgen en un contexto en el que varias autoridades enfrentan serias denuncias y se perciben intentos de blindaje institucional frente a procesos legítimos.

Finalmente, se anunció que se hará seguimiento a los procesos judiciales en curso, aunque sin comprometer acciones concretas para recuperar la confianza ciudadana. La reunión contó con la participación del TSJ, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, y concluyó con un llamado genérico a “defender la institucionalidad”.

Este tipo de reacciones, lejos de apaciguar la crisis, alimentan la percepción de un Órgano Judicial más preocupado por proteger a sus altas autoridades que por garantizar justicia imparcial y transparente.