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En medio de un nuevo escándalo que sacude al Órgano Judicial, el magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el departamento de La Paz, Iván Campero, fue aprehendido este martes por disposición del Ministerio Público, dentro del proceso conocido como caso consorcio judicial.

La investigación revela la existencia de una presunta red de autoridades que buscaba remover de manera irregular a la magistrada titular Fanny Coaquira, con el objetivo de tomar el control de su cargo dentro de la Sala Plena del TSJ. Campero, suplente de Coaquira, habría sido el principal beneficiario de esta maniobra.

Su implicación se sustenta en el hecho de que su nombre figura tanto en un audio filtrado como en las declaraciones del juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, quien también está detenido. Lea Plaza habría recibido presiones para emitir una resolución que inhabilitara a Coaquira, y señaló a Campero como uno de los actores coordinados en este operativo, junto con la exvocal Claudia Castro.

El nombre del exministro de Justicia, César Siles, también aparece comprometido en el escándalo, tras revelarse su presunta participación en conversaciones que evidencian un conocimiento previo y una posible articulación de la operación. A pesar de ello, Siles aún no ha sido aprehendido, lo que ha generado duras críticas y exigencias de inmediatez por parte de sectores opositores y juristas independientes.

"Si en cuestión de horas no se ordena la aprehensión de César Siles, quedará demostrado que el Gobierno de Luis Arce estaba al tanto del golpe judicial al TSJ", advirtió un legislador de oposición que pidió reserva de su nombre.

Por su parte, el abogado defensor de Campero sostiene que su cliente es ajeno a los hechos que se le imputan, y confía en que podrá revertir su situación jurídica en la audiencia de medidas cautelares.

Este caso, que ya tiene tras las rejas al juez Lea Plaza y a la exvocal Castro, vuelve a exponer la podredumbre institucional del sistema judicial boliviano, y alimenta las sospechas de una red operando con aval político para manipular decisiones en la cúpula judicial.