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El exministro de Justicia, César Siles, se presentó voluntariamente ante la Fiscalía tras los rumores de una posible fuga. “No tengo nada que ocultar. Yo no me escapo”, escribió en redes sociales, intentando disipar el escándalo que lo envuelve. Sin embargo, su repentina aparición pública no despeja las dudas sobre la podredumbre institucional que lo rodea.

Siles afirmó que se someterá a cualquier citación del Ministerio Público “para aclarar, defenderme y asumir lo que me corresponda”, recordando que lo hizo desde su renuncia. Pero su mensaje fue más político que jurídico: atacó directamente a Evo Morales y su círculo cercano, a quienes acusó de orquestar una campaña de desprestigio. “Aprovechan cualquier oportunidad para calumniarme”, dijo, mientras evitaba referirse con claridad al contenido del proceso.

El escrito que acompaña su post detalla que Siles conoció el proceso contra el juez Fernando Lea Plaza —acusado de tráfico de influencias y consorcio judicial— y por ello decidió “apersonarse” voluntariamente, pidiendo acceso al cuadernillo de investigaciones. Pero esta narrativa no convence: la investigación se declaró “en reserva”, lo que aviva las sospechas de encubrimiento o direccionamiento del caso.

El detonante fue un audio filtrado, supuestamente con la voz de Siles, que evidenciaría una trama de manipulación judicial en beneficio de intereses políticos. Como consecuencia, el juez Lea Plaza fue enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva. La vocal Claudia Castro también fue aprehendida, y anoche seguía detenida en celdas de la FELCC, esperando medidas cautelares.

El escándalo se amplifica con la renuncia del presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Yván Córdova, ahora también investigado como sujeto procesal. Todo apunta a un esquema de control judicial más profundo de lo que el Gobierno quiere admitir. El caso no solo pone bajo sospecha a Siles, sino a un sistema que hace tiempo dejó de ser imparcial.