Crecen las sospechas de encubrimiento estatal en el caso Consorcio judicial
A pesar de las denuncias del presidente del TSJ, persisten dudas sobre la verdadera voluntad del Gobierno para desarticular redes de corrupción incrustadas en el sistema judicial.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, advirtió que el escándalo del Caso Consorcio involucra a más personas de las que se ha hecho público hasta el momento, y aunque elogió el trabajo del Ministerio Público, analistas cuestionan el limitado alcance de las investigaciones y la posible protección a altos funcionarios.
“Es evidente que esto fue coordinado por múltiples actores; ya hay algunos detenidos, otros con medidas cautelares, y otros aún sin ser imputados”, expresó Saucedo en diálogo con EL DEBER Radio, dejando entrever que las redes de poder judicial y político siguen operando con impunidad.
Aunque el presidente del TSJ destacó la rapidez con que el Ministerio Público habría reunido pruebas, organizaciones civiles denuncian que las acciones son selectivas y evaden a figuras vinculadas con el Gobierno. Las pruebas recolectadas, según Saucedo, habrían sido clave para revelar una operación que buscaba desestabilizar varias instancias del sistema judicial, empezando por una magistrada de La Paz, y extendiéndose al Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el mismo TSJ.
“El objetivo no era solo atacar al Órgano Judicial, sino debilitar el sistema democrático. Con medidas cautelares pretendían desconocer la voluntad popular expresada en las urnas”, advirtió Saucedo. Sin embargo, desde el Ejecutivo no se ha emitido pronunciamiento alguno, lo que genera sospechas sobre una posible injerencia o al menos tolerancia frente a estos hechos.
En días recientes, Saucedo señaló al exministro de Justicia, César Siles, como presunto impulsor de este intento de “golpe judicial”, acusándolo de articular un consorcio entre jueces y fiscales para destituir a la magistrada Fanny Coaquira. Dos operadores de justicia ya han sido aprehendidos, pero los vínculos más altos aún no son investigados con firmeza.
Diversos sectores piden una comisión independiente para investigar este caso, alertando que, de seguir bajo control de instancias afines al oficialismo, las verdaderas responsabilidades podrían ser encubiertas una vez más.
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