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El exlíder campesino Felipe Quispe Huanca “El Malku”, aseguró que la conciliación entre el Estado boliviano y los exmiembros del Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  se encuentra paralizada porque los hermanos Álvaro y Raúl García Linera trabaron un arreglo en favor de los que demandaron al Estado boliviano por violación a los derchos humanos en la década del 80.

“Ellos no quieren conciliar porque tienen plata. Tenemos una traba en el gobierno porque tanto Álvaro García Linera, su hermano Raúl y otros están trabajando. La mayoría está en la Vicepresidencia, son los que no quieren que recibamos el resarcimiento”, declaró.

Dijo que él junto Mario Apaza Bautista son  los únicos, de los 12 demandantes, que aceptaron una conciliación porque el resto no ingresa por estar en la doble función de ser denunciantes y a la vez posibles beneficiarios. Hasta ahora fijaron el resarcimiento de 50 mil dólares por persona, pero no existen avances para cerrar la conciliación.

Las víctimas acusadas de terrorismo mantienen el proceso abierto hace más de 15 años ante la CIDH de la Organización de Estados Americanos (OEA), la misma que el mes pasado admitiera una demanda por ejecución sumaria y otros contra el Estado por el caso terrorismo en Santa Cruz.

Juan Carlos Pinto - exdirector del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) - es otro demandante contra el Estado y explicó que continúan en la “etapa de arreglo amistoso”.

“Lamentablemente no se ha resuelto nada. Estamos esperando que la CIDH pueda decir que ya no existe arreglo amistoso o decir que no existe una respuesta favorable y entrar al siguiente paso que es entrar en juico ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, indicó.

En cuanto a los desacuerdos, explicó que dentro del grupo se hablado que los hermanos Álvaro y Raúl García Linera adelantaron que se apartaban  del tema económico y renunciaban a una pretensión. Sin embargo esta determinación tampoco fue puesta en conocimiento de los otros co-demandantes por escrito, menos habría sido comunicada  a la Procuraduría General del Estado.

Pinto aclaró que mientras no se cierre este capítulo, subsisten las denuncias de enjuiciamiento a los autores de violar derechos humanos, y a los jueces que en ese momento fueron cómplices de la tortura y expropiación de bienes personales de los familiares del grupo y persecución a los hijos menores.

Sostuvo que ambas partes dieron “largas” a la conciliación y no se ha llegado a ningún acuerdo. Hace poco un abogado internacionalista que los colabora en este proceso, envió una carta a la CIDH, señalando que ha pasado tanto tiempo y que la Comisión debería cerrar la conciliación para generar ir a un juicio.

El proceso ya tiene más 15 años entre cinco de encarcelamiento y ocho de libertad, sin que tampoco la justicia boliviana resuelva el caso con sentencia condenatoria o de absolución a favor de los detenidos de ese tiempo.///