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Un día después, el comunicado de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que notificó a los países miembros que la posibilidad de reelección indefinida no es un derecho humano todavía levanta polvo entre políticos bolivianos. 

Esta mañana, tras la demorada contestación del ministro de Justicia, Héctor Arce, que defiende el derecho del presidente Evo Morales a repostularse en 2019, pese a la Constitución y a los resultados del referéndum del 21-F, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, hizo suyas las conclusiones de Almagro en contra de la reelección.

“#BoliviaDijoNo #21F La reelección no es un derecho humano. Bolivia necesita un gobierno realmente democrático que preserve los derechos de todos los ciudadanos”, dice parte de una publicación divulgada en la cuenta oficial de Twitter del dirigente opositor cruceño que ayer tenía toda su concentración sobre la pugna regional por el derecho de Santa Cruz a las regalías de Incahuasi.

El lunes, Almagro, también a través de esa red social, divulgó un audiovisual en el que explica –él en persona– que pidió a la Comisión de Venecia una opinión jurídica sobre si la posibilidad de reelección presidencial sin límites podía considerarse un derecho humano. “La respuesta de la Comisión de Venecia es inequívoca: la reelección no es un derecho humano e impedir la reelección no limita los derechos de los candidatos o de los votantes”, dijo Almagro.

El secretario general de la OEA, que había consultado sobre el tema al órgano consultivo del Consejo de Europa, decidió notificar con esta opinión jurídica “para su conocimiento y análisis” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana y al Comité Jurídico Interamericano. 

“Iniciamos este proceso por la mala y reiterada práctica regional de modificar la Constitución durante el mandato para buscar la reelección o la posible perpetuación en el poder”, dijo Almagro.

Para Arce, las palabras de Almagro y el informe de la Comisión de Venecia son un dictamen político y no se constituyen en un mandato vinculante para Bolivia, pues, por otra parte, para el Gobierno boliviano, el secretario general de la OEA solo emite opiniones en su calidad de funcionario que está por debajo del esquema institucional de ese organismo multilateral.///