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La madre del ciudadano peruano Renato Caferata Centeno, sentenciado a 30 años de prisión en Palmasola por el asesinato de su novia el 15 de enero de 2011, denunció ser víctima de “vicios procesales” de manera sistemática por parte del Estado boliviano a través de su sistema judicial que se resiste a cumplir un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que hace dos años declaró la nulidad de una resolución de un Tribunal de Apelación en Santa Cruz y dispuso el inicio de un nuevo juicio con la inclusión de prueba extraordinaria de la defensa.

Gladys Centeno, denunció que durante los últimos siete años y tres meses acudió a todas las instancias del Estado para reclamar que su hijo, ahora de 30 años, fue sentenciado a pena máxima sin pruebas evidentes por el asesinato de su novia y que la Fiscalía y la Policía “armaron” e hicieron perder documentos probatorios que vinculaban en el crimen a un ex novio de la víctima, un ciudadano brasileño detenido por narcotráfico. El policía que perdió las pruebas fue sancionado con el arresto por unas horas en la Comandancia.

La mujer, una empresaria radicada en Santa Cruz, tiene en sus manos un reloj, una manilla y un cinturón que los investigadores le devolvieron porque no fueron manchados de sangre en el hecho pero denunció que “ocultaron” otras pruebas que eran claves de su inocencia.

Comentó que su hijo acudió al domicilio de su novia ante un llamado telefónico, pero la encontró en el suelo, ensangrentada con nueve puñaladas y en su intento de auxiliarla se manchó con sangre su pantalón y por eso fue sindicado como autor en un claro acto de xenofobia.

Centeno recordó que durante la acusación los investigadores fiscales y policiales en 2013 le pidieron $us 10.000 para cambiar el tipo penal de asesinato a homicidio y en apelación $us 20.000 para acceder a una sentencia “favorable”, como no accedió ahora paga las consecuencias.

Aseguró que si hubiera sabido cómo se manejaba el sistema de justicia “corrupta” en Bolivia hubiera pagado los $us 10.000 por la libertad de su hijo pese a que ninguna prueba de la escena del crimen demostró la culpabilidad en el asesinato de su novia.

“Asistimos a un escenario sostenido, persistente de injusticia, de vulneración de derechos, con vicios procesales que vulneraron las reglas mínimas del debido proceso en el sistema de justicia del Estado boliviano”, dijo Centeno.

Denunció una supuesta protección a los vocales de Santa Cruz que se niegan a emitir una nueva resolución para ir a nuevo juicio; apeló al Ministerio de Justicia, al Consejo de la Magistratura, Defensor del Pueblo y al Fiscal General del Estado que guardan un “silencio cómplice”.

Los vocales cruceños se niegan a cumplir una resolución del TCP, pese a que fueron denunciados penalmente; el caso llegó nuevamente en casación al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a la Sala del magistrado Olvis Egüez, ex fiscal que acusó sin prueba contundente a su hijo hace siete años.

En este asunto intervino el propio Estado peruano a través de su embajadora Silvia Alfaro en 2013, pero la Fiscalía tampoco se pronunció, pese a los compromisos asumidos por la autoridad del Ministerio Público, Ramiro Guerrero.///