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La justicia española negó este jueves la excarcelación del independentista Jordi Sánchez, que era candidato a la presidencia regional de Cataluña en un pleno de investidura convocado para este viernes y finalmente postergado.

El juez instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena anunció su decisión después de que el presidente del Parlamento catalán, el también independentista Roger Torrent, solicitara en vano la excarcelación de Sánchez.

Tras conocer la decisión judicial, Torrent optó por postergar el pleno sine die, ante la “vulneración de derechos del Tribunal Supremo”, indicó la cámara en un comunicado.

Por la mañana, Torrent había pedido en declaraciones a la radio Cadena Ser “proteger y hacer efectivos los derechos políticos” de Sánchez, acusado de rebelión y en prisión preventiva desde el 16 de octubre en una cárcel cerca de Madrid.

Llarena recordó que Sánchez ha mantenido su derecho a concurrir a elecciones y a ejercer el voto como diputado electo. Pero justificó su mantenimiento en prisión por el riesgo de “reincidencia” que supondría su puesta en libertad y su eventual investidura como presidente regional.

“El daño a la democracia es inmenso. No permitiremos que sigan pisoteando derechos ni doblegando la democracia”, escribió en Twitter el ex presidente catalán Carles Puigdemont, refiriéndose a Sánchez.

Sánchez está procesado por arengar a decenas de miles de independentistas que, en una manifestación en Barcelona el 20 de septiembre, mantuvieron acorralados durante horas a un grupo de guardias civiles mientras registraban un edificio del ejecutivo catalán por orden judicial.

Sánchez, expresidente de la influyente asociación independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC), ya fue candidato a la presidencia de Cataluña en marzo, y al igual que en esta ocasión, Llarena se negó a dejarlo salir.

Torrent propuso de nuevo su candidatura y pidió a la justicia que lo liberara amparándose en una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

A la espera de un examen en profundidad, dicho comité pidió a España que garantice el “respeto de los derechos políticos” de Jordi Sánchez, sin detallar qué entiende por esos derechos ni las medidas que deberían tomarse.

Junto a Sánchez están en prisión preventiva otros ocho destacados separatistas catalanes, por su papel en el intento fallido de secesión del pasado año.
Este domingo está convocada una marcha en Barcelona para pedir la liberación de quienes separatistas denominan “presos políticos”. El acto cuenta con el apoyo de los dos mayores sindicatos del país, Comisiones Obreras (CCOO) y UGT.///