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Gobernación potosina recupera más de 10 millones de bolivianos en manos de empresas que incumplieron contratos

hace 7 año(s)

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El Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, a través de su dirección jurídica, recuperó más de 10 millones de bolivianos que estaban en manos de diferentes empresas constructoras que incumplieron contratos.

Así lo confirmó a el Potosí el director de asesoría jurídica de la Gobernación, Daniel Apaza.

Afirmó que al menos seis procesos penales fueron instaurados contra las empresa que desde las gestiones 2012 y 2013 incumplieron contratos.

"Son diferentes proyectos que se estaban encarando e incumplieron con las mismas", afirmó el funcionario.

Los recursos económicos recuperados ya están en cuentas de la Gobernación para la libre disposición para los proyectos que se elaboran en el departamento de Potosí.

Apaza informó que el último proceso que se ganó por incumplimiento de contrato fue contra la empresa constructora ITS SRL. La empresa devolvió 169.000 bolivianos por un proyecto inconcluso.



La constructora estaba encargada de construir la infraestructura educativa en la comunidad de Sillu Sillu, pero nunca acabó y se rescindió el contrato.

Actualmente, otra empresa construyó y culminó el proyecto educativo, afirmó el director jurídico de la Gobernación.

"Los recursos económicos ya han sido depositados a las arcas de la Gobernación", informó.

No obstante, dijo que continúan con más proceso contra empresas que incumplieron contrato con el fin de recuperar los recursos, ya que se entregaron por anticipos y avance planillas pero que, al final, incumplieron los contratos establecidos entre partes.

Más casos

Según los reportes del área jurídica de la Gobernación de Potosí, existen  muchos más casos de empresas que recibieron los anticipos y no ejecutaron las obras. En algunos de ellos se logró su ejecución a través de otras empresas pero otros se encuentran paralizados con el consiguiente daño a la población que es beneficiaria de los proyectos. En marzo de este año se concretó la detención preventiva de un empresario por percibir más de 20 millones de bolivianos.


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