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Cuatro mujeres trabajadoras denunciaron en octubre de 2017 que eran víctimas de discriminación, toda vez que los administradores de la empresa las querían echar de sus empleos por ser mujeres y porque “supuestamente no vivían en la comunidad”.

La denuncia fue presentada en la Gobernación, con una carta dirigida al gobernador Iván Canelas, y la misma se remitió a la Secretaría de Desarrollo Productivo, para finalmente llegar al programa de Descolonización el 6 de octubre de 2017.

La responsable de este programa, Apolonia Sánchez Miranda, informó que la denuncia de las mujeres que trabajaban en una empresa de la región del occidente de Cochabamba llegó a su despacho el 6 de octubre, y tras la investigación preliminar se confirmó que se trataba de un caso de discriminación, por lo que se inició el seguimiento respectivo.

Las cuatro mujeres confirmaron, además, que otras compañeras suyas se encontraban en la misma situación, sin embargo, no se animaban a denunciar por temor a represalias.

El caso, que había sido encaminado por el programa de Descolonización de la Gobernación, quedó trunco porque las mujeres no regresaron para continuar el trámite.

Sánchez señaló que el abandono de los casos es una constante en casi todas las denuncias, en por lo menos 90 por ciento , debido a que las víctimas de discriminación o racismo no tienen dinero para contratar un abogado o por la distancia que deben recorrer desde los municipios más alejados de Cochabamba.

“Eso pasa con muchos hermanos que denuncian, porque es muy complicado para quienes viven en el área rural llegar, cada vez, hasta la ciudad. No tienen tiempo ni dinero”.

El Comité Departamental de Lucha contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación no tiene un presupuesto exclusivo asignado para esta tarea, por lo que no puede facilitar un abogado a los denunciantes. Además, requieren el acompañamiento de las víctimas hasta el final del proceso, pero eso no ocurre.

En 2017, según datos proporcionados por Sánchez, se presentaron al programa de Descolonización 10 denuncias, cuatro en forma escrita y seis de manera verbal. De todas ellas, solo una persona siguió hasta casi finalizar, un profesor del área rural, del municipio de Independencia, que denunció por discriminación al director del establecimiento educativo en el que trabajaba.

A este maestro, según Sánchez, se le orientó en el trámite, pero, casi al finalizar señaló a que él seguiría solo el proceso penal.

El programa de Descolonización no tiene la certeza de que el maestro haya concluido el proceso, pero ya no regresó a esa oficina.

Asimismo, el 3 de octubre del año pasado, este programa recibió una denuncia de parte de una funcionaria de la Intendencia, pero después la denunciante no regresó más.

Para disminuir el porcentaje de casos que se abandonan en medio trámite, Apolonia Sánchez, como responsable del programa de Descolonización, advierte que exigirá la implementación, en todas las instituciones públicas, incluidos los gobiernos municipales de Cochabamba, oficinas para atender denuncias de racismo y discriminación.

En 2016, logró que se instalen comités municipales en Villa Tunari y Vinto, y el año pasado en Colcapirhua.

Sánchez confirmó que todavía no se han implementado en los 44 municipios restantes oficinas exclusivas para atender casos de racismo, sino que se mezcla con trata y tráfico y violencia, entre otros.

Para que los otros municipios implementen sus comités, así como entidades públicas e incluso empresas privadas, el programa de Descolonización enviará cartas, con la firma del Gobernador, de modo que en sus planes operativos anuales contemplen recursos económicos.

El Comité Departamental de Lucha contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación tiene afiliadas a 50 instituciones, pero a las reuniones asisten no más de 10. La Asociación de Municipios de Cochabamba forma parte del Comité Departamental y comunica las decisiones que se asumen a todos sus miembros.

Además de pedir a las instituciones que implementen oficinas para tramitar las denuncias de racismo, el programa de Descolonización, según Sánchez, imparte talleres para recordar los contenidos de la Ley 045, sus alcances y sus penalidades.

Según Sánchez, con los talleres organizados en 2017 se llegó a por lo menos 10.000 personas.

El programa de Descolonización no cuenta con un presupuesto exclusivo para atender las denuncias de discriminación o racismo. Para esta gestión se les asignó 200 mil bolivianos, recursos que son utilizados para el pago de sueldos de los funcionarios y atender temas desde cultura hasta violencia con el enfoque de descolonización.

Descolonización cuenta con dos escritorios en una oficina que comparte con otros programas. Tiene un espacio de aproximadamente dos por tres metros.

Antes, según Sánchez, la oficina que atendía casos de racismo y discriminación tenía un presupuesto de un millón de bolivianos, un administrador, abogados y cinco técnicos.///