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Asamblea Legislativa ratifica Decreto Presidencial de Amnistía e indulto

A principios de abril, el presidente Evo Morales remitió a la Asamblea Legislativa, para su aprobación, ese decreto presidencial de amnistía e indulto total y parcial para privados de libertad.

hace 7 año(s)

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El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional ratificó el martes el Decreto Presidencial de Amnistía e indulto Parcial y Total en favor de personas privadas de libertad en todos los penales del país, informó el senado Milton Barón.

"La Asamblea a ratificado el decreto presidencial, que es una medida de humanidad que pretende contribuir al descongestionamiento de las cárceles en el país a partir del indulto y amnistía a todos aquellos privados de libertad que no tienen sentencia ejecutoriadas", explicó a los periodistas.

A principios de abril, el presidente Evo Morales remitió a la Asamblea Legislativa, para su aprobación, ese decreto presidencial de amnistía e indulto total y parcial para privados de libertad.

Según datos oficiales, el decreto beneficiará a más de 2.000 mil privados de libertad y reducirá el hacinamiento en las cárceles.

La norma se aplicará principalmente a adultos mayores con una pena igual o menor a 10 años, personas menores de 28 años que hayan cumplido una cuarta parte de su condena, varones a partir de 58 años y mujeres a partir de los 55 años, que hayan cumplido una cuarta parte de su condena, personas que tengan a su cargo hijos menores de seis años y que hayan cumplido una cuarta parte de su condena, mujeres embarazadas con 20 semanas o más de gestación, y personas con discapacidad grave, enfermedad terminal o incurable.

Las personas que no podrán acogerse al decreto son los reincidentes, las personas que cometieron delitos en los que la Constitución Política del Estado, el Código Penal y otra norma no admita indulto; los que hayan cometido delitos contra la seguridad interior y exterior del Estado, delitos contra la vida, delitos de corrupción, delitos contra la libertad sexual, delitos en los que el Estado es parte querellante o acusadora a excepción del Ministerio Público y delitos de terrorismo, genocidio, trata o tráfico, secuestro y robo agravado, entre otros.////


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