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Desde junio de este año, en la Asamblea Legislativa Plurinacional radica una denuncia en contra del fiscal General del Estado Ramiro Guerrero, por supuesta protección a fiscales y jueces que dejan en la impunidad delitos de agresión sexual a niñas y adolescentes, presentado por el fiscal de Materia de Tarija, Hugo Carrasco Callejas, quien inicialmente asegura que alertó a la autoridad máxima del Ministerio Público sobre presuntos hechos delictivos en Tarija y en Oruro, pero al contrario asegura que fue procesado y suspendido de funciones, sin previa investigación.

El expediente que Carrasco remitió a la Asamblea Legislativa contiene información sobre presuntos hechos delictivos que involucran con nombres y apellidos a jueces y fiscales de Tarija; una ex fiscal departamental de Oruro que habría ejercido presiones a sus subalternos para favorecer en casos concretos como en el de la empresa metalúrgica Vinto, pero ninguno mereció una investigación.

Ante el silencio del Legislativo, Carrasco dijo que acudió a la Comisión de Derechos Humanos de Diputados para solicitar protección como denunciante y víctima y debido a los procesos instaurados en su contra, pero tampoco encontró respuesta.

Entonces recurrió al ministro de Justicia, Héctor Arce, denunciando esta supuesta “protección” a jueces y fiscales, pero ninguna de estas instancias hace eco de estas denuncias para pedir una investigación.

Finalmente, dijo que envió nota al ministro de Gobierno, Carlos Romero, adjuntando todos los detalles de la denuncia y que desde el pasado 2 de abril no le responden por lo que considera que hay también “protección” de los niveles de Gobierno.

“Cada caso es un cheque en blanco para ver si sacan a la víctima o al imputado”, asegura el fiscal en su nota al Ministro de Gobierno.

En uno de los casos de Tarija, denunció que un fiscal rechazó en junio de 2017 la investigación en contra de tres jueces técnicos que viabilizaron el cambio de un delito de violación agravada a niña de 11 años por abuso deshonesto (de un padre que violó a su hija con nacimiento de un hijo) y le impuso una pena de tres años de prisión cuando lo que correspondía era diez a 20 años.

En otro hecho, se habría rechazado la investigación contra un juez que en un caso determinó la suspensión condicional del proceso por delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito bajo efectos de alcohol, cuando la pena es de cinco a ocho años y la medida no procedería.

Carrasco asegura que tiene 44 procesos disciplinarios y fue suspendido temporalmente de funciones por denunciar otros hechos en Oruro, de supuestos cobros para cambiar tipos penales en delitos de narcotráfico, violación y otros.

Reveló que un ex fiscal Departamental de Oruro fue destituido por haber alertado de supuestos hechos de corrupción de funcionarios de confianza de Guerrero.

Este diario, averiguó en la Fiscalía para conocer la versión del Fiscal General, pero sin una respuesta oficial.

Guerrero lleva casi seis años al mando de la Fiscalía General y en estos años la Escuela de Fiscales promocionó un grupo de fiscales institucionalizados de una convocatoria interna.///