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Bolivia cuenta con al menos 20 áreas de explotación de hidrocarburos que se encuentran en el límite de dos o más departamentos y que podrían desatar conflictos por regalías entre gobernaciones si no se delimitan las fronteras departamentales antes de iniciar la exploración y producción.

Los analistas y economistas dicen que además se debe actualizar la Ley de Hidrocarburos y diversificar la economía, que a la fecha está ligada al extractivismo “rentista”.

Al respecto, el especialista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velázquez, estimó que 20 de las 100 áreas reservadas por el Gobierno central a través de decretos supremos para la exploración petrolera de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (FPFB) comparten superficie por más de dos departamentos.

“Estamos hablando de áreas que son compartidas en superficie, que se extienden a varios departamentos que no implican necesariamente los reservorios, es decir, lo que está en el subsuelo sea compartido”, dijo.

Al respecto del conflicto desatado entre Santa Cruz y Chuquisaca por la disputa de las regalías del pozo gasífero Incahuasi, que se encuentra ubicado en el campo Ipati-Aquio, señaló que se trata de un conflicto ligado a límites no consensuados.

“Una vez que se tenga esa delimitación claramente consensuada, ahí recién procede un estudio que permita definir si el reservorio desde el cual están extrayendo hidrocarburos abarca o no abarca ambos departamentos y, si es que abarca, qué porcentaje de ambos departamentos”, precisó.

Velázquez aclaró que, hasta el momento, ninguna de las áreas cuya superficie es compartida por al menos dos departamentos entre los que se encuentran La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija y Beni alcanzó las condiciones presentadas en Incahuasi.

En este sentido, el economista José Espinoza calificó el conflicto entre Chuquisaca y Santa Cruz como un “rentismo gubernamental”, provocado por las regalías otorgadas a los Gobiernos subnacionales, que históricamente estuvieron ligadas a la distribución de recursos mineros hacia la población.

Mientras tanto, el analista económico Alberto Bonadona afirmó que la disputa por regalías evidencia una fuerte dependencia económica de todos los niveles de gobierno relacionados a los precios internacionales de los hidrocarburos.

“Hay una gran dependencia del país y todos los Gobiernos locales en precio del gas y esto ha mostrado una vocación que deberíamos haberla roto de depender de las materias primas y tener algo que supla la fuente de divisas para el país y una fuente para los recursos del propio estado”, agregó.

Tanto Velázquez como Bonadona y Espinoza concibieron por separado al afirmar que ninguna instancia de Gobierno logró diversificar su economía durante el auge de los precios internacionales del gas por una permanencia en el modelo basado en la extracción de recursos naturales.

En este sentido, Velázquez señaló que las gobernaciones reaccionan tardíamente cuando los vecinos reciben regalías, sin discutir los beneficios ni los medios para diversificar la economía.

“Recién empieza la inquietud de ‘qué parte me toca’ pero pensando con beneficio económico a raíz de la regalía”, sostuvo.///