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El abandono forzado de índole judicial ocurre ante situaciones de delito. Esta surge, en su mayoría, al decretarse penas inferiores a los cinco años, en que el cumplimiento efectivo se conmuta con la expulsión. Para medidas más gravosas esto ocurre una vez cumplido el periodo de prisión.

Según información a la que accedió La Tercera vía Ley de Transparencia (ver infografía), una de cada dos personas que recibe este castigo es por ingreso clandestino (52%). Un 33% lo padece por tráfico de drogas, mientras que solo un 3% involucra a turistas que permanecieron en el país más allá del periodo autorizado.

El 12% restante corresponde a otros casos, como robo (2,2%), homicidio (0,4%) y ser responsable de delitos comunes (1%).

De total de personas que están en esta situación, 3.447 son hombres y 2.209 mujeres. Al revisar las nacionalidades de los infractores, se da cuenta de la presencia de 28 países, aunque aquellos de números más significativos son Bolivia (32%), República Dominicana (27%) y Colombia (22%).

La emisión de este dictamen, no obstante, en muchos casos no equivale a que la salida del país del sancionado se materialice. Hasta diciembre de 2016 se había concretado el 39,7% de ellas.

De acuerdo con el ex jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, Rodrigo Sandoval, el inconveniente en la ejecución surge principalmente en los casos administrativos, al no existir en las causas judiciales mayor margen en la autoridad para dilatarlas, dado que el juez impone un plazo.

“El problema está en las expulsiones administrativas, porque no establecen un plazo contundente. La expulsión queda sujeta al estado financiero y operacional de la Policía de Investigaciones (PDI)”, señaló el abogado, quien apunta a una poca eficacia de la policía, sumado a la incapacidad “logística para ejecutar las expulsiones que llegan”.

En tanto, para José María del Pino, director ejecutivo de la Fundación Frè, este hecho demuestra “una señal a todas luces de que la actual normativa ha sido superada por las actuales condiciones migratorias que tenemos en Chile”.

Según el experto en derecho migratorio de la Universidad Católica, Francisco Dellacasa, en Extranjería existe una pasividad ante aquellos casos de ingreso clandestino, al asumirse la falta de capacidades que la institución padece en la actualidad. “Con eso tu estimulas que las personas entren por esa vía”, aseguró el académico, aunque criticó que “mantener personas en condición de expulsados, que por su condición no pueden regularizarse ni adquirir visa, se presta para toda clase de abuso”.