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Gremialistas iniciaron movilizaciones en las calles de Cochabamba contra el Registro Obligatorio del Empleador, cumpliendo así las advertencias vertidas la semana pasada.

Marcharon por el centro de la ciudad en dirección al Ministerio de Trabajo, afectando el tráfico vehicular.

Pidieron al Ministro de Trabajo la anulación inmediata del Decreto Supremo 3433, emitido, por el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera.

La norma conmina a toda empresa privada, ya sea unipersonal, societal, cooperativa, civil o de cualquier índole, a ingresar sus datos en el Registro Obligatorio del Empleador (ROE) y, por ende, realizar la presentación de planillas de sueldos, planilla de accidentes laborales, pago de beneficios, maternidad y lactancia, aguinaldo, doble aguinaldo, finiquito, quinquenio y vacaciones, entre otros.

El incumplimiento a esta normativa tendrá sanciones económicas para el empleador, de acuerdo a la falta cometida.

“Nuestras empresas son multifamiliares y no unipersonales”, afirmó César Gonzáles, secretario de Relaciones de la Confederación Nacional de Gremialistas. Argumentó que ellos no deberían ser considerados bajo este régimen, porque el Gobierno no les brinda seguro, jubilación ni otros beneficios.

Calificó este decreto como una forma de control gubernamental porque, según ellos, existirá un cruce de información con otras instituciones como la Aduana, Servicio de Impuestos Nacionales y Fundempresa, organizaciones que les impondrán “multas millonarias” ante la no presentación de documentos.

Francisco Figueroa secretario ejecutivo de ésta institución gremial, aseguró que habrá más movilizaciones si el Gobierno no anula el decreto. Advirtió que se efectuará una concentración con otros sectores no afines al Gobierno, quienes se sumarán a sus protestas, como los fabriles, maestros, médicos y la Central Obrera de La Paz y El Alto, replicando las acciones tomadas para la abrogación del Código del Sistema Penal.

“Es un decreto no es una ley. Nosotros la vamos a desobedecer, no la vamos a asumir”, aseguró Figueroa, “El Gobierno quiere hacer nuevas empresas solo para mostrarse al exterior y nosotros no vamos a ser parte de eso”, añadió.

Argumentó también que ellos no están en la capacidad económica de asumir cargas sociales para sus dependientes, más aún con la advertencia que ante la falta de documentos exigidos de manera mensual serán pasibles a multas.

Expresan su temor de que este decreto convierta a sus empresas “multifamiliares” en empresas sociales, cedidas a sus dependientes, como el caso de las empresas de frazadas Polar, Cerámica Victoria y la textil Punto Blanco.///