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Bajo el argumento de que la acción popular de las comunidades guaraníes Tatarenda Nuevo y Yumao debía ser en contra de la Ley 940 de 1987 -que preveía una proyecto múltiple sobre el Río Grande- y que la consulta previa no se vulneró porque se puede decir que el contrato con el consorcio chino no está vigente, el juez de Garantías de Lagunillas, Guido Castellón denegó la tutela solicitada. 

La información fue proporcionadapor el abogado defensor de las comunidades indígenas, Nelson de la Madrid, quien señaló que el Juez se valió de una norma del gobierno de Víctor Paz Estenssoro para desestimar el recurso que busca frenar las acciones administrativas y jurídicas de la hidroeléctrica, en tanto no se cumplan con los procedimientos de la consulta.

“Estamos agotando la vía interna; hemos presentado una acción de inconstitucionalidad y nos han rechazado, hemos presentado la acción popular y nos han denegado (…). Corren 40 días  para que el tribunal revise la resolución, y si confirma y nos deniega la tutela vamos acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque estamos siendo vulnerados como pueblos indígenas”, señaló.

En su parte resolutiva, el Juez señaló tras una audiencia de siete horas: "no se ha incumplido la norma con respecto a la consulta previa, primero porque no se ha hecho el estudio de impacto ambiental y segundo, porque si bien hay una firma de contrato de préstamo y construcción con el Gobierno y la empresa china (2016),el contrato de préstamo no está vigente, es sólo una intención de contrato, en ese sentido es solo una idea de proyecto, es más podría decir que no hay proyecto".

Por su parte, el ministro de Energía, Rafael Alarcón dijo  que si bien existe un contrato entre ENDE y la Asociación Accidental Rositas (AAR) para la ejecución de la ingeniería, construcción, montaje, suministro, pruebas y puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico, este cuenta con cláusulas suspensivas.///