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Actualmente 1.816 cooperativas mineras operan en Bolivia, de las cuales aproximadamente el  85 %  lo hace sin licencia ambiental y muchas incluso vulnerando derechos laborales como el trabajo de menores de edad en sus operaciones.

“Hace un tiempo que se emitió el último informe en relación a la minería en Bolivia y se determinó que solo 257 cooperativas tenían licencia ambiental de las más de 1.800 que operan en el país, eso significa que alrededor del 85 % no tenían licencia ambiental y las cifras no han variado desde entonces y particularmente esto se circunscribe a la actividad del oro”, dijo Héctor Córdoba, ex viceministro de minería y experto del área de la Fundación Jubileo.

La rendición pública que presentó en enero de 2018 el Ministerio de Minería y Metalurgia estableció que entre 2006 y 2017 el número de cooperativas mineras en todo el país  se incrementó en 49,83 %, vale decir, de 911 a 1816. “La mayoría están concentradas en La Paz y llegan a más de 1.200, cerca de 1.000 son cooperativas auríferas,  mientras que las otras están distribuidas en Beni, Santa Cruz, Potosí y Oruro”, detalló.

Un informe público y general del Viceministerio de Cooperativas Mineras, estableció, por ejemplo, que de las más de 1.200 operaciones en La Paz, 180 contaban hasta hace más de dos años, con licencia ambiental, es decir, solo un 15 %.  A la fecha, la situación no ha variado, al igual que en otras regiones, como Cochabamba, donde el 80% de las  44 cooperativas mineras que operan carecen de licencias ambientales, según informó la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin).

Tomando en cuenta que en La Paz se concentra el mayor número de las actividades mineras y con la carencia de licencias ambientales, Saturnino Huaywa, presidente de la Central de Lambate, Sud Yungas, afiliada a la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco - La Paz), aseguró que el trámite para la obtención de estos permisos es burocrático y toma demasiado tiempo, por lo que de las 24 cooperativas pertenecientes a su asociación regional solo la mitad cuenta con este documento.

Huaywa negó que sus afiliados utilicen mercurio para sus operaciones, pero manifestó que es regular el uso de dinamita y solicitó a los funcionarios municipales, departamentales y nacionales “apoyo en  maquinaria, proyectos de electrificación y diesel, porque consumimos harto”.

Además piden que se abran caminos en esos sectores de explotación minera.

Ante esta situación y recientemente, el senador por UD, Yerko Núñez, denunció que cinco cooperativas auríferas llevan adelante una explotación indiscriminada en el sector de Arcopongo de la provincia Inquisivi. Pese a las constantes solicitudes de informe, el Gobierno no da cuenta si tienen sus respectivas licencias ambientales.

Este conflicto de explotación ilegal de oro en esa región se arrastra desde 2014, cuando se registraron enfrentamientos entre cooperativistas de la localidad Palma Flor y mineros de la cooperativa Ullakaya Condorini por unos predios en el río Chaquety con tres muertos y 13 personas aprehendidas.

El ministro de Minería y Metalurgía, César Navarro resolvió parar temporalmente las actividades mineras en ese sector, “definiendo de manera estructural la cancelación de todos los trámites de explotación de las cooperativas que tienen personería jurídica y otras que no tienen personería jurídica”.

En ese entonces también hubo el compromiso de la Gobernación y el ministerio de evitar cualquier tipo de actividad ilegal en esta región que determinaron: “no se permitirá ninguna actividad de carácter ilegal que dañe el medio ambiente y tampoco se va a permitir que comunidades o cooperativas se enfrenten y tengamos daños humanos que lamentar”.

Las imágenes registradas por la comisión encabezada por Núñez dan cuenta de una clara deforestación, contaminación del río, uso de combustibles y maquinaria pesada.

En 2016, el Viceministerio de Cooperativas Mineras, a la cabeza de José Luis Chorolque, informó que  del total de cooperativas registradas hasta ese año en Bolivia (1806), hubo un registro de más de 122 mil socios, lo que a la fecha se ha incrementado en unos  dos mil. Pero lo preocupante, que denuncia Córdova, es que existen operaciones mineras que en zonas alejadas usan en sus labores a jóvenes menores de edad de unidades educativas aledañas.///