Video

Con la vigencia del estado de emergencia, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) determinó este martes dar un ultimátum al Gobierno del presidente Evo Morales para abrogar la Ley de Empresas Sociales y definir los asuntos pendientes del sector como la revisión del doble aguinaldo que, aseguran, es imposible de pagar.

“Es tiempo de un diálogo claro y sincero para alcanzar un acuerdo nacional con el Gobierno. El país requiere respuestas concretas en el plazo más corto posible frente a un contexto cada vez más adverso”, remarcó la institución en un manifiesto que fue leído por su presidente, Ronald Nostas.

También, han demandado, en el punto ocho del decálogo, “un espacio de debate y análisis sobre el pago del segundo aguinaldo puesto que es inviable su pago en el contexto actual”.

Asimismo, exhortaron ajustar el modelo hacia uno "inclusivo” para que sus afiliados y la sociedad civil sean parte de las decisiones para generar un mayor bienestar.

“Exigimos un diálogo con resultado continuo y acotado en plazos, no podemos dilatar soluciones que son urgentes pues enfrentamos problemas estructurales y de coyuntura que proyectan sombra sobre el futuro del aparato productivo del país y el bienestar de la población boliviana”, leyó Nostas.

Los privados han criticado en su manifiesto que “lamentablemente, como vimos hoy en nuestro análisis, no se han tomado en cuenta nuestras propuestas de solución, los problemas que nos impiden avanzar no están resueltos y a pesar de que hubo un compromiso al más alto nivel del Estado, no se lograron resultados”.

Más temprano y durante la inauguración del evento, Nostas ya había trazado la línea de los reclamos y aseguró que si bien fueron escuchados por el Gobierno, no fueron atendidos en sus urgentes demandas para evitar el colapso del sector.

Esto como consecuencia de medidas arriesgadas como los incrementos salariales “divorciados de la realidad microeconómica” y que no fueron consensuados con el sector, además del pago del doble aguinaldo reciente anunciados por el Gobierno.

La CEPB criticó la promulgación de la Ley de Empresas Sociales que en la tarde se transformó en la exigencia, en el punto tercero del documento, de “la abrogación” de la norma por, aseguraron, “atentar contra los derechos constitucionales y ser un mecanismos arbitrario para entregar a unos lo que en propiedad corresponde a otros”.///