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La empresa peruana Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C., que llegó al país a través Acruta & Tapia Ingenieros Sucursal Bolivia, participó como supervisora del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap), que es investigado por el caso Lava Jato.

El Peihap fue adjudicado a la empresa Camargo y Correa en 2010 para ejecutar la primera etapa de la obra que se interrumpió el 2013 por 183 millones de soles (equivalentes a 387,2 millones de bolivianos), luego de que se iniciara un proceso de investigación por hechos de corrupción que involucraba a funcionarios del Gobierno Regional de Piura.

La firma Agruta & Tapia Ingenieros S.A.C. pasó a formar parte de la supervisión de la obra en 2014, a través del Consorcio Supervisor Hidráulico, que conformó junto a las empresas Peico y Motlima. Esta última, investigada porque se hizo cargo del expediente técnico del Peihap, con el que se licitó la obra y se adjudicó la empresa brasileña Camargo y Correa.

La empresa Acruta & Tapia Ingenieros Sucursal Bolivia está involucrada en la reciente denuncia contra la expresidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Noemí Villegas, por haber adjudicado tres contratos por un valor de 100 millones de bolivianos a un consorcio conformado por un familiar político del gerente de la empresa estatal.

La firma peruana conformó una asociación accidental y dos consorcios para adjudicarse las obras junto a la empresa boliviana Inpola Consultores S.R.L.

Ambas empresas, a través de un comunicado, señalaron que la denuncia “carece de veracidad consistencia y seriedad”. Añaden que se construyeron en base a versiones anónimas y sin ningún sustento.///