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El alcalde Williams Cervantes instruyó al equipo jurídico del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí iniciar el proceso de recuperación de los montos afectados en el denominado "caso Tarapaya".

El titular de la comuna local hizo conocer que en base a un informe de la Dirección Jurídica se decidió iniciar el proceso civil contra quienes habrían afectado el interés regional con obras mal ejecutadas en el "Complejo Recracional de Tarapaya" el año 1989 y otros.

La base del accionar del alcalde de Potosí es un informe de la Contraloría General del Estado que establece responsabilidades por las malas obras de construcción del Complejo de Tarapaya.

Cervantes destacó que en el ámbito penal de la justicia los procesados por el caso Tarapaya habrían interpuesto otro recurso que estaría pendiente pero independientemente de ello se impulsará la recuperación de los recursos que fueron afectados.

ANTECEDENTES

Según los archivos de El Potosí, el 31 de octubre de 1988 la Compañía Minera del Sur (Comsur) se comprometió a donar a la Alcaldía de Potosí 1.5 millones de dólares, recursos destinados para proyectos de desarrollo.

Los concejales de esa gestión y dirigentes cívicos manejaron los recursos para la construcción del recreacional, ambientes comerciales, construcción de la sala de deliberaciones y otros, lo cual fue cuestionado porque al ser recursos fiscales debieron ser administrados e invertidos por el ejecutivo municipal.

Las obras del recreacional de Tarapaya fueron de pésima calidad, lo cual dio origen a un juicio contra los responsables de los trabajos, concejales y dirigentes cívicos.

El 30 de diciembre de 1997 comenzó el proceso judicial en el Distrito Judicial de Chuquisaca y, convertido en caso de corte, llevó a proceso a 19 personas de las cuales algunos fueron sentenciados con penas inferiores a los tres años, por lo que se acogieron al perdón judicial. Ese es el caso de los empresarios de la construcción, pero otros tienen condenas de seis años aunque no fueron a la cárcel por las apelaciones.

Ponen en la mira el caso Tarapaya

La concejala de Unidad Nacional (UN), Azucena Fuertes, anunció que la semana pasada envió al ejecutivo municipal una carta solicitando que se recuperen los recursos del caso Tarapaya.

Su fundamento radica en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que condena a los procesados a diferentes penas y señala claramente que la autoridad municipal, en su condición de parte civil, debe recuperar los recursos afectados a través de un proceso civil.

Si bien la sentencia es de hace varios años, ningún alcalde buscó la recuperación de los recursos económicos, y aunque los empresarios efectuaron mejoras a las obras mal ejecutadas existe un informe de responsabilidad de la Contraloría General del Estado.

Williams Cervantes informó ayer que la semana pasada ya se había instruido al equipo jurídico que inicie el proceso para la recuperación de los recursos tras la definición que se tomó en este caso.

Apuntó que el tema del cumplimiento de las penas de quienes fueron sentenciados se verá una vez que se resuelva el recurso que estaría pendiente.///