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El 9 de agosto del 2017 se realizó la reapertura de un caso judicial por el presunta comisión del delito de consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados y asociación delictuosa, sancionado por el Código Penal. El documento establecía el plazo de 30 días para complementar las investigaciones del caso. La denuncia fue realizada por la familia Henry, que asegura que un clan de autoridades judiciales se adjudicó una propiedad, ubicada en el municipio de  Quillacollo a través de procesos coactivos.

Las denunciantes se presentaron ante la Fiscalía Departamental de Cochabamba ayer, para brindar la pruebas del caso. La familia Henry, que actualmente reside en la casa, postuló a un proceso de usucapión, que no salió favorable ya que una mujer presentó un testamento que la nombraba heredera del inmueble. 

Los miembros de la familia Henry Nina se constituyeron como denunciantes contra siete personas, entre ellas un juez y un fiscal, asegurando que tendrían vínculos con la mujer que fue declarada como dueña de la propiedad.

Entre los documentos, presentaron un esquema que vinculaba a varias autoridades judiciales a través de parentescos familiares y otros que eran compadres. 

Además, afirmaron que la actual dueña del inmueble, Heidy C., obtuvo la propiedad falsificando documentos.

En contraparte, uno de los involucrados en el proceso afirmó que estas denuncias son un intento de la familia por obtener un inmueble que no es suyo. Aseguró que las querellantes no cumplen los requisitos necesarios para usucapir la casa, ya que esta está a nombre de otra persona.

La casa fue sometida a un proceso de transferencia coactivo a través de la cual Heidy C., quien se constituye como coactivada, le cedió la propiedad a otra persona.

El coactivante de la propiedad afirmó que la familia denunciante no tiene derechos sobre el inmueble y que él se adjudicó parte de la propiedad como un pago por un préstamo que le realizó ala dueña. Mencionó que estas denuncias son un intento de entorpecer el proceso de desapoderamiento que atraviesa la familia.

También desmintió que los vínculos presentados sean válidos, ya que según refiere se involucró a autoridades judiciales que no intervinieron en el caso.

El denunciado afirmó que la familia Henry presentó siete amparos constitucionales que fueron rechazados, ya que ellas no se constituyen como partes involucradas en el proceso coactivo.

Guido Villarroel, un representante de la Asociación Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Otros, se presentó ayer junto a las querellantes para realizar un seguimiento del caso.

Villarroel denunció que existen alrededor de 200 casos registrados, en los cuales autoridades judiciales intervinieron en denuncias judiciales, falsificando documentos, armando y desarmando los procesos.
 

Proceso

La denuncia fue interpuesta contra 7 personas, un fiscal, un juez, abogados y familiares de las autoridades judiciales.