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Omar Molina, director del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) de Tarija, fue aprehendido  por orden del Ministerio Público por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de dedereres por irregularidades en la compra de cemento asfáltico para el tramo hacia Yesera.

La Fiscalía pidió también la detención preventiva del gobernador Adrián Oliva, por la existencia de obstaculización en las investigaciones sobre una supuesta corrupción.

La información la dio a conocer el fiscal de Distrito de Tarija, Gilbert Muñoz, quien precisó que Molina se encuentra en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) a la espera de su audiencia cautelar que se llevaría hoy.

"El  Ministerio Público ha emitido, en este caso, todos los fiscales anti corrupción una orden de aprehensión en contra del director del Sedeca, Omar Ramón Molina, la misma que se ha ejecutado hoy y este ciudadano se encuentra actualmente en dependencia de la FELCC y se va hacer las actuaciones correspondientes", informó en conferencia de prensa.

Muñoz explicó que por el mismo caso existe una imputación penal para el gobernador Adrián Oliva que fue presentada en el juzgado Segundo de Instrucción de la Capital y que para mañana (miércoles) está fijada la repepción de declaraciones sobre el caso.

La Fiscalía pedirá la detención preventiva, debido a tanto en el caso de Molina como la de Oliva al existir riesgos procesales de obstaculización a la averiguación de la verdad.

El Fiscal detalló que como antecedentes se tiene que en fechas anteriores se ha presentado una denuncia por parte del responsable de laboratorios de suelos de Sedeca y miembros de la Asamblea Departamental en contra del director del Sedeca, Omar Molina, por el caso denominado capa asfáltica Santa Ana - Yesera.

"El denunciado es Omar Ramón Molina, director del Sedeca  y posteriormente también se hace una ampliación de investigación en contra de la primera autoridad departamental de Tarija, Adrián Oliva. Estamos hablando de un hecho que se habría generado en los últimos meses de la gestión 2016 y la investigación es por un probable hecho de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, tipos penales que están previstos en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz",