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A través de una rueda de prensa, el presidente de la Conferencia Episcopal, Santiago Silva, anunció los resultados de su reunión extraordinaria efectuada este viernes.

Reconocieron que “hemos fallado a nuestro deber de pastores al no escuchar, creer, atender, o acompañar” a las víctimas de abusos sexuales de poder y autoridad cometidas por sacerdotes y religiosos.

“Pedimos perdón en primer lugar a las víctimas y sobrevivientes”, y dijeron querer “expresar nuestro arrepentimiento a quienes han acompañado a las víctimas, a sus familias, a quienes han realizado responsablemente esfuerzos por buscar la verdad, la justicia, la reparación y la purificación, y a los cientos de consagrados laicos”.

Dijeron no haber querido causar ni agravar el daño producido, pero “mirado en la perspectiva del tiempo algunos de nosotros pudimos ser más activos y atentos al dolor sufrido por las víctimas, familiares y la comunidad eclesial”.

Como medidas, comprometieron crear un anexo a las líneas guía “Cuidado y esperanza”, a fin de colaborar con el Ministerio Público resguardando los nombres de los denunciantes y víctimas que así lo soliciten.

Además, a contar de esta fecha, “daremos a conocer publicamente toda investigación previa sobre presunto abuso sexual de menores de edad realizadas en sus jurisdicciones”.

Nombraron a la abogada Ana María Celis Brunet como presidenta del Consejo Nacional de Prevención de Abusos a Menores de edad y Acompañamiento a Víctimas, y aprobaron nuevas competencias para el mismo.

En adelante, tendrá la función de dar seguimiento a la linea habilitada para la recepción de denuncias, el acompañamiento a víctimas, en las medidas de prevención y en la adecuada formación de los agentes pastorales.

Asimismo, mantendrán información actualizada sobre el estado de las investigaciones y procesos penales en curso en el país.

Se creará un departamento de prevención de abuso, con Pilar Ramírez Rodríguez como directora ejecutiva, para recibir denuncias conforme a la normativa canónica, sin anular ni suprimir las instancias de las Diócesis ni de los institutos de vida consagrada.

También se mostraron dispuestos a que cada obispo mejore su disponibilidad para encontrarse con víctimas de abusos cometidos por clérigos de sus respectivas jurisdicciones.

Comprometieron también elaborar un “código de comportamiento para los ministros ordenados”, el cual se dará a conocer en abril del 2019, y a promover la participación del laicos en instancias eclesiales, así como evaluar los aspectos estructurales que permitieron la ocurrencia y perpetuación de los abusos.