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El Ministerio de Salud informó que 359 mujeres se sometieron a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en establecimientos públicos desde que se promulgó la Ley de Aborto en 3 causales, en septiembre de 2017.

De acuerdo a estas cifras, que consideran hasta el 16 de julio de 2018, 394 pacientes se han enfrentado a un embarazo que clasifica en alguna de las condiciones estipuladas por la ley, es decir, riesgo de la madre, embarazo inviable o violación.

En detalle, 184 mujeres decidieron interrumpir la gestación porque corrían riesgo, 114 porque existía inviabilidad del feto y 61 por violación. Por el contrario, 35 decidieron no interrumpir el embarazo.

Asimismo, entregaron cifras sobre pacientes que decidieron aceptar el acompañamiento psicosocial tras el proceso, en casos registrados entre el 1 de febrero y 16 de julio de 2018.

De quienes interrumpieron el embarazo, 247 aceptó la asistencia, 49 rechazó y de 31 no se maneja información.

Si bien se aprobó en septiembre de 2017, este año se registraron problemas en la implementación, puesto que se emitió un protocolo de objeción de conciencia que autorizaba a acogerse a instituciones que tengan contratos con el Estado.

Posteriormente, Contraloría lo declaró ilegal y se iniciaron los cuestionamiento al ministro de Salud, Emilio Santelices.