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Autoridades allegadas a la Gobernación del departamento, cuestionan que pese al rechazo inicial que dictaminó el Ministerio Público de Tarija el 31 de agosto en la causa denominada “Adquisición de Cemento Asfáltico Para la Conclusión de Trabajos de Carpeta Asfáltica del Proyecto Santa Ana– Yesera”, se haya reactivado el caso en noviembre con la reciente consecuencia legal que derivó en la detención preventiva del ahora ex director del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca), Omar Molina, en el penal de Morros Blancos.

Con la detención preventiva, Molina es el primer funcionario de la gestión de Adrián Oliva que llega hasta esta situación procesal, situación que alertó al Gobierno departamental.
Documentación a la que accedió El País eN da cuenta que la investigación sobre el presente caso inició el 9 de mayo, fue rechazado el 30 de agosto del 2017. En ese entonces, los fiscales adscritos a la investigación que son: Víctor Hugo Usler, Miguel Ángel Tapia y Maggi Corrillo, resolvieron rechazar la denuncia dentro del proceso investigativo promovido por el Ministerio Público en contra de Omar Molina “y otros”, a denuncia de los asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS), Ervin Mancilla y Gimena Monroy, junto al ciudadano José Luis Vargas Trigo. Con ese mismo tenor rechazado, se pidió la detención del Gobernador Adrián Oliva el 15 de noviembre.
En la documentación rubricada por los tres fiscales, se establece que por ese entonces luego de haberse realizado el análisis de las actuaciones policiales y del cuaderno de investigación de los suscritos, en la indagación no se había podido recabar elementos suficientes para fundar la imputación formal en contra de Molina por los presuntos ilícitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Así exponen ampliamente el fundamento del rechazo, y en parte del documento, se menciona que el encausado contaba con los ensayos de la Universidad Autónoma de Oruro (UTO) que daban resultados satisfactorios sobre la calidad del cemento asfáltico ahora cuestionada.
Para el abogado del sindicado, Wilson Ramírez, la reapertura reciente del caso carece de fundamentos legales. El defensor de Molina explicó que al haberse reactivado el caso, para recabar indicios, supuestamente la Fiscalía habría realizado seguimientos y pedido nuevas declaraciones de las personas que previamente han denunciado el hecho, quienes obviamente van a mantener su postura de denunciantes, situación que sorprendió que en la audiencia se hayan presentado declaraciones de fechas recientes como prueba.
En ese marco, el abogado indicó que se apeló la detención preventiva dictaminada en el Juzgado de Instrucción Segundo en lo Penal, ya que la probabilidad de autoría a su criterio “se ha basado en supuestos y en declaraciones” que terminaron valiendo más que la documentación presentada ante el juez que conoció la causa.
Las autoridades allegadas a la Gobernación también cuestionaron la reactivación. Uno de ellos el asesor de la Gobernación, José Luis Gandarillas, que se refirió al tema indicando que en este caso hay denuncias infundadas con una resolución primera de rechazo, pero “de buenas a primeras”, este proceso se reactivó “sin un argumento o sustento” en contra de Molina, tratando además de “manchar la imagen” del gobernador Adrián Oliva.

Valoración fiscal
A su tiempo, el Fiscal de Distrito, Gilbert Muñoz, explicó que la defensa no ha hecho esa argumentación (de la reactivación del proceso) cuando se desarrollaba la audiencia cautelar el día de ayer. Por lo demás, indicó que la Fiscalía en una anterior ocasión evidentemente rechazó el proceso porque no contaban en ese momento con elementos de prueba importantes, mismos que posteriormente se obtuvieron. 
“Es facultad del Ministerio Público y de los fiscales anticorrupción de acuerdo a lo que establece el Código de Procedimiento Penal disponer una reapertura si así se considera. Todos esos aspectos han sido valorados y por ello el juez dispuso la detención preventiva. No vamos a entrar a conjeturar o en un debate con la defensa cuando hay un resultado concreto”, explicó. Consultado sobre lo que prosigue ahora en el caso, Muñoz indicó que la investigación pasa a la etapa preparatoria. 
Respecto al coimputado, que es el gobernador Adrián Oliva, el Fiscal sostuvo que aún no han sido notificados con el incidente de defecto absoluto que presentó momentos antes de que se celebre su audiencia el pasado miércoles 15 de noviembre, por lo que una vez notificados con este auto, correrá un plazo legal para que la Fiscalía responda a una acción legal que manifestó es considerada “dilatoria”.

Caminos esenciales que quedan pendientes

Tramos como la “Condorvía”, la ruta Tarija - Mecoya también denominada del “Bicentenario” para activar una tercera frontera con Argentina, o la “Ruta de la Dignidad” que unirá Bermejo con el Chaco por San Antonio, son los trayectos en los que Molina puso especial énfasis, sin embargo los mismos han quedado pendientes, lo que ha despertado la preocupación por parte de los beneficiarios que temen una repercusión en el avance. En el caso de la ruta Bermejo-San Antonio, los dirigentes del transporte están solicitando una reunión informativa a la Gobernación que realizó recientemente una inspección, ya que la obra está en su mejor momento de avance con 31 de los 40 kilómetros asfaltados, y se tiene una decisión de que el Sedeca se encargue de concluirla ya que la empresa será alejada entre diciembre a enero. MG