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Funcionario hizo desaparecer dos millones de bolivianos de Setar y fue encarcelado

hace 7 año(s)

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En el año 2010, un funcionario de una empresa encargada de efectuar cobros de servicios eléctricos, habría sustraído más de 2 millones de bolivianos. Posteriormente, se inició un proceso en su contra. Ayer en horas de la mañana los jueces del tribunal segundo de sentencia determinaron sentenciar al imputado con tres años de cárcel.

El abogado del imputado Ubaldo Espinoza, informó que Yasmani Donaire era asesor legal de la empresa “Dos Servicios”, que se encargaba de cobrar los servicios eléctricos en los diferentes puntos de la ciudad: como en la zona del aeropuerto, en la zona del mercado Campesino, en el barrio Senac y en la zona central. 

En el año 2010 Donaire no habría depositado lo cobrado de estos puntos en 29 días, la suma dio un total de 2 millones de bolivianos. Las empresas afectadas como la Gobernación de Tarija y Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR), presentaron una denuncia en su contra. 



Posteriormente Donaire fue declarado rebelde, porque no se daba con su paradero, sin embargo, en el año 2016 fue aprehendido en su domicilio por los efectivos policiales. De esta manera, fue cautelado y enviado con detención preventiva al penal de Morros Blancos, empero luego de varios meses logró salir del penal, aunque el proceso en su contra continuó. 

Los primeros días de noviembre dio inicio el juicio para Donaire, acusado por los delitos de enriquecimiento de ganancias ilícitas e incumplimiento de contrato. Luego de una evaluación a las pruebas,entre ellas la pericia de auditoría forense, la cual no pudo demostrar que el patrimonio del imputado habria incrementado, los jueces determinaron absolver a Donaire por el delito de enriquecimiento de ganancias ilícitas, más aún le dieron tres años de cárcel por el delito de incumpliendo de contrato. 

Según el abogado del imputado, desconoce el paradero del dinero sustraído, asimismo manifestó que el proceso penal para el imputado habría concluido y que ahora a las empresas afectadas les correspondería iniciar un proceso civil para que se realice la investigación del dinero perdido.


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