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Con la declaración como testigos de varios fiscales regionales comenzó en la Corte Suprema de Chile un proceso sobre la eventual destitución del fiscal Nacional, Jorge Abbott, abierto a petición de un grupo de diputados del izquierdista Frente Amplio (FA).

Los parlamentarios acusan a Abbott de negligencia en el ejercicio de su cargo, después de que afirmó durante la presentación de su cuenta pública que los fiscales debían tener un trato especial con legisladores investigados. También lo acusan de haber tenido reuniones con representantes de parlamentarios involucrados en el caso Penta, relacionado con la financiación ilegal de campañas electorales por parte de empresas privadas.

"Yo no he recibido instrucciones particulares por parte del fiscal nacional, de hecho, él tiene vedado eso conforme a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Todas las comunicacionesque tuvimos fueron, en realidad, informativas", aseguró uno de los subordinados de Abbott, el fiscal Manuel Guerra.

"Yo entiendo que lo que hizo el fiscal nacional en la cuenta pública –y lo hablo desde una perspectiva personal– es emitir una opinión respecto de cómo deberían tramitarse las causas cuando había personas involucradas de otros poderes del Estado y específicamente del Congreso nacional", añadió.

Guerra, quien investigó el caso Penta y lo culminó ofreciendo salidas alternativas a los principales imputados, subrayó que su función fue aplicar la ley en base a las pruebas y antecedentes que tuvo durante el caso. Agregó que nunca supo de reuniones entre Abbott y el entonces senador Hernán Larraín, actual ministro de Justicia, que es otro punto de la acusación contra el fiscal nacional.