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Un tribunal nicaragüense declaró culpables a dos jóvenes por la muerte del periodista Ángel Gahona mientras transmitía en vivo las protestas antigubernamentales, en un proceso que abogados y defensores de derechos humanos califican de viciado.

El juez Ernesto Rodríguez, de Managua, declaró culpable a Brandon Lovo y Glen Slate la noche del lunes por el asesinato de Gahona el pasado 21 de abril en la ciudad caribeña de Bluefields.

Gahona de 42 años, murió tras recibir disparos en la cabeza mientras realizaba una transmisión en Facebook Live de las protestas contra una reforma a la seguridad social, que derivaron en una demanda política para la salida del poder del presidente Daniel Ortega.

Lovo y Slate, ambos afrodescendientes, fueron encontrados culpables de los delitos de asesinato, tenencia ilegal de armas y municiones, y asesinato frustrado de un policía.

Familiares de Gahona y de los procesados niegan la responsabilidad de los jóvenes en los hechos y han demandado su libertad.

La fiscalía solicitó una pena máxima de 25 años para cada acusado y 20 más por un supuesto intento de asesinato de un policía.

El comunicador es uno de los más de 300 muertos en el contexto de la violencia que afecta a Nicaragua desde el 18 de abril, donde también se contabilizan más de 2.000 heridos, decenas de detenidos y miles de personas que han huido del país por temor a represalias.

El proceso judicial, en el que no se permitió el acceso a periodistas de medios no oficiales ni organismos de derechos humanos, se realizó en Managua, aunque los hechos sucedieron en Bluefields.

La directora ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Marlin Sierra, consideró parcialiazado el juicio, en el que se presentaron “pruebas contundentes” de que los disparos no fueron realizados por Lovo y Slate.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía, con más de 35 vídeos, demuestran que los jóvenes no estaban en el lugar en el momento de los disparos, “y se evidenció que quienes estaban cerca de Gahona eran miembros de las fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional”,argumentó Sierra.

“No podía esperar otra cosa de este poder judicial, pero se logró evidenciar que en Nicaragua la justicia está totalmente parcializada”, sostuvo la directora del Cenidh.

Organismos de derechos humanos calculan que unas 300 personas han sido detenidas y más de 100 enfrentan cargos de terrorismo y crimen organizado par participar en las protestas contra Ortega.