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El 20 de marzo de 2017, exactamente seis meses después de entregar -supuestamente- 44 bandas distintivas al Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, la empresa Textilander Import Export Srl. presentó una nueva propuesta de venta de 35 bandas. Fue aceptada. Cuando el órgano deliberante aún tenía estas prendas en sus almacenes, comenzó otro proceso de contratación que se extendió hasta el 15 de mayo y que hoy está en dudas por el extravío de la carpeta con los documentos originales, a pesar de que el Concejo asegura que no se pagaron los Bs 49.000 de la transacción.

Se tuvo acceso a una fotocopia de la carpeta extraviada y, en el último documento -que no figura en la copia entregada a los concejales-, bajo el código de CITE.CM-SAF-DPTO de Protocolo OF. INT 147/2017, figura una carta dirigida a Ricardo Ignacio Pinto, gerente de Textilander. En ella, Freddy Oviedo, responsable de la recepción de las bandas, le informa que ve “necesario anular el proceso de contratación N.º 2017-00008”. La carta no tiene ningún título, solo está firmada por Oviedo. Está fechada el 20 de julio de 2017, dos meses y cinco días después de que el mismo Oviedo firmó el acta de conformidad de servicio junto a Pinto y se inició el proceso del pago. Según un abogado municipalista, esto está absolutamente fuera de plazos.

Según el informe de auditoría especial presentado ante el Concejo el 27 de agosto del presente año, este contrato no se pagó. No se puede verificar si Pinto y Textilander aceptaron la anulación del proceso, ya que según la documentación que consta en el Servicio de Contrataciones Estatales (Sicoes), el acuerdo llegó a término con el acta de conformidad y no se registró la posterior anulación, pese a que han pasado 14 meses desde que Oviedo firmó el documento.

Paola Durán envió con la encargada de comunicación del Concejo, una copia de la carta que mandó al Comandante Departamental de la Policía, Alfonso Siles, reclamándole por la filtración de la investigación de la Unidad Anticorrupción que ha propuesto citarla como denunciada por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes por la compra de las bandas de 2016. En su carta, Durán señala que la publicación de esta investigación policial tiene un fin “político y destructivo”.

Ni Durán, ni Oviedo, ni Sosa respondieron por qué el Concejo necesitaba nuevas bandas si, en teoría, había comprado 44 seis meses antes, por qué si las necesitaba no la inscribió en su PAC de 2017, por qué decidió anular la compra 65 días después de aceptarlas sin observaciones, por qué no se pidió la sustitución de las bandas, como indicaba la orden de compra y cuánto costaban realmente —en 2016 se dijo que por error se anotó Bs 1.400 como precio unitario y que se pagó Bs 795 por cada una de las 44 bandas, no por 25 como dicen los documentos.

En una entrevista en Que no me pierda, cerca de la medianoche del viernes, Sosa dijo que las denuncias son políticas y que, con la auditoría, el tema ya tuvo el tratamiento que corresponde.

Las bandas

Rosario Schamisseddine, concejal de UCS, cuenta que en los tres años que lleva en el cargo le han entregado dos bandas, una justo antes de tomar posesión y otra a finales de 2016 o al comienzo de 2017. Cuando se le consultó si sabía por qué existía la necesidad de comprar nuevas bandas si —en teoría— se había comprado 44 solo unos meses antes, aseguró que eso fue lo que se preguntó.

Para su colega Johnny Fernández, “ni la banda de Perucho se gasta tan rápido”. Para él, no había necesidad de hacer una nueva compra y fue “un gasto insulso” que no debió hacerse porque las bandas deberían durar cinco años porque no se las usa, solo unas 20 veces al año. “Creo que aquí han intentado seguir gastando”, dijo.

Añadió que es inadmisible que se pierda documentación del Concejo y esto debió saberlo la presidenta del órgano deliberante, porque Durán debió informárselo. “Esta empresa no tenía sus papeles al día y era la misma que 2016”, recuerda. Por su parte, Schamisseddine considera que la pérdida de la documentación fue una “salida salomónica” al problema de las bandas y se pregunta cómo la sumariante puede hacer un informe ante la falta de los documentos.

¿Se anuló?

José Luis Santistevan, abogado municipalista, exjefe de asesores del Concejo y asambleísta departamental por Demócratas, explica que, al tratarse de una compra menor, los tiempos son cortos y de ninguna manera se pudo anular un contrato 65 días después de haber recibido el material. Asegura que no se podía hacer luego de 10 días del acta de conformidad. Además, se pregunta por qué en las fotocopias de la carpeta no hay ninguna protesta de inconformidad con el material recibido. Eso dejaría en indefensión a Textilander, que bien podría reclamar el pago en los estrados judiciales. Pinto, gerente de Textilander, no fue encontrado para saber si acudirá a la justicia o si firmó la anulación del contrato.

En el informe de la auditoría presentado ante el Concejo se aseguró que el pago a Textilander no se realizó y se presentó una certificación del Sigma, sistema de pagos del Estado. A diferencia del Sicoes, el Sigma no se puede consultar públicamente. Sin embargo, en la carpeta existen todos los procedimientos para pagar la compra e incluso se registró un ‘compromiso de pago’ en el Sigma, el 25 de mayo de 2017.

De haberse anulado el contrato, ese documento debió subirse al Sicoes como formulario 600. Así lo hizo José María Leyes, alcalde detenido de Cochabamba, cuando resolvió el caso de las mochilas chinas y dejó impago el material distribuido. Eso no le sirvió para librarse del juicio por supuesta corrupción que le sigue la Fiscalía.///