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La muy elevada tasa de homicidios, junto con niveles altísimos de impunidad y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades coloca a Venezuela en una de las peores situaciones de violencia para un país sin guerra, según un informe de Amnistía Internacional.

“El número de homicidios en Venezuela es superior al de muchos países en guerra”, resaltó Esteban Beltrán, director de AI España, al presentar este jueves en Buenos Aires el informe titulado “Esto no es vida. Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela”.

Según la ONG, desde 2002 la cantidad de homicidios en Venezuela ha aumentado de manera constante y a partir de 2010 se convirtió en crítica “porque la tasa de homicidios no ha bajado de las 50 personas por cada 100.000 habitantes”.

A 2017, AI calcula un índice de 89 homicidios por cada 100.000 habitantes, por encima de El Salvador y tres veces más que Brasil.

Como agravante, AI destaca que la impunidad alcanza 92% en los casos de delitos comunes y 98% para los de violaciones a los derechos humanos.

El perfil de las víctimas es de hombres entre 16 y 29 años de edad, padres de niños pequeños, responsables del sustento del hogar en las zonas populares de mayor índice de pobreza en las ciudades.

En Venezuela, país de 30,6 millones de habitantes, había en 2017 cerca de 5,9 millones de armas cortas, según el informe.

La organización también acusó al gobierno de Maduro de criminalizar la pobreza y usar “la fuerza intencionalmente letal contra la población más vulnerable y excluida socialmente”.

“El gobierno del Presidente Maduro debe garantizar el derecho a la vida, en vez de quitárselas a la juventud del país. Todos los jóvenes en situación de pobreza deberían tener igualdad de oportunidades para su futuro, y no vivir con el temor de que policías o militares los vean como enemigos que deben erradicar”, dijo Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional en las Américas.

Ejecuciones

Amnistía Internacional destaca su preocupación por las presuntas ejecuciones que realizan agentes del Estado durante operativos en contra de la delincuencia, en particular los que se llamaron operación de liberación del pueblo, generalmente en los barrios marginales de las ciudades.

“Funcionarios del Estado, guiados por una racionalidad militar, han empleado la fuerza de forma abusiva y excesiva con regularidad y, en algunos casos, de manera letal e intencionada en el marco de los operativos de seguridad”, señala la organización.

Amnistía recoge en su reporte relatos de padres y madres que narran cómo sus hijos resultaron muertos durante ese tipo de operativos, al interior de sus propias viviendas de las que fueron robados objetos de valor como electrodomésticos, dinero en efectivo y prendas de vestir.

En esos casos, las muertes ocurren en presencia de los familiares de la víctima.

“En los casos documentados por AI, todas las víctimas estaban desarmadas. Las autopsias muestran disparos en el cuello, tórax o cabeza, y la muerte se produce cuando se encuentran arrodillados o acostados. Las autoridades alegan enfrentamiento, pero no figura ni un solo policía herido”, resaltó Beltrán.

De acuerdo con AI, las presuntas ejecuciones han ido en aumento, de 384 registradas en 2012 a 669 en 2013, 1.018 en 2014, 1.396 en 2015 y 2.379 en 2016.

Además, la organización critica la falta de información oficial sobre homicidios “especialmente en los casos en los que se encuentran involucrados oficiales de seguridad del Estado”.

Esa carencia de información se refiere a estadísticas, pero también a la falta de acceso a los expedientes de parte de los familiares de las víctimas.