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El accidente de tránsito protagonizado por el menor de 17 años L.T., que conducía un vehículo que colisionó con otro en el barrio Las Palmas, el 15 de agosto de 2018, y que derivó en la muerte de Marco Andrade Rocha, tiene dos antecedentes similares en Santa Cruz, ambos ocurridos en 2015.

Esos dos hechos terminaron con el mismo resultado para los conductores menores de edad (D.R. y L.A), ambos fueron sentenciados por juzgados del menor por el delito de homicidio en accidente de tránsito y cumplieron sus condenas en hogares para menores por un par de años, como lo estipulan las leyes.

Sin embargo, los padres de estos muchachos corrieron suertes diferentes. En el caso en que falleció Valeria Brychcy (16), suscitado el 1 de abril de 2015, Simón A.R.R., padre del menor que conducía ebrio, fue sentenciado por un Tribunal de Sentencia (y ratificado por una Sala Penal) por los mismos delitos que cometió su hijo: conducción peligrosa, homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito.

Esta determinación, dice Carola Vásquez, madre de Valeria, busca sentar un precedente y generar conciencia en los ciudadanos cruceños y de todo el país sobre la responsabilidad de los padres para no dar vehículos a los menores de edad y no conducir en estado de ebriedad.

“No buscamos una reparación civil, porque nada puede devolvernos a nuestra hija”, señala la mujer, que, junto con su familia, promueve la prevención, principalmente entre niños y jóvenes, para no conducir en estado de ebriedad, a través de la Fundación Valeria Brychcy.

La sentencia, que no excede los tres años de pena y por lo que no conlleva el encarcelamiento, fue apelada por el padre del entonces menor de edad y el conductor del otro vehículo implicado a través de un recurso de casación que está en Sucre, donde deberá confirmarse o revisarse la sentencia.

En el otro hecho, acaecido el 12 de diciembre de 2015, la demanda penal contra el padre del adolescente no prosperó y no fue sentenciado. El menor, L.A., manifestó en su declaración que manejaba desde los 15 años, que no tenía licencia, que su padre lo dejaba manejar ‘a veces’ y que cuando provocó el accidente en que murió un niño de cinco años y sus dos abuelos había sacado el vehículo ‘supuestamente’ sin permiso de su padre.

Gregor Braun, padre del niño e hijo de la pareja fallecida, cuestiona que las leyes bolivianas estipulen un castigo solo para los menores y no así para los padres. “Para otros delitos más leves hay penas más grandes. En estos casos se pierden vidas y si se observa la sentencia, el balance es muy desequilibrado”, señala, a la vez de comparar el riesgo de dar un vehículo a un menor, con el de entregarle un arma de fuego.

Tanto Vásquez como Braun respaldan que en el anteproyecto de Tránsito y Seguridad Vial se endilgue responsabilidad penal y civil a los que permitan conducir a menores de edad.

Con esos antecedentes, el adolescente L.T., que protagonizó el accidente en Las Palmas, es investigado, mientras que su padre no será indagado por el mismo delito debido a que en su declaración ante el fiscal el menor dijo que estaba conduciendo sin permiso de su padre.

Sin embargo, otros elementos envolvieron el hecho que causaron la indignación de la familia de Andrade (quien, según Tránsito, dio positivo en el alcohotest) y es que el menor huyó del lugar y apareció varios días después, por lo que no se le pudo realizar la prueba de alcoholemia.

Además, un amigo suyo, de 19 años, lo suplantó como el supuesto conductor, por lo que está siendo procesado por suplantación, mientras que el padre de L.T. es investigado por encubrimiento, delitos que conllevan penas menores.

Sobre estos casos, el exfiscal Jaime Soliz considera que “nos hemos acostumbrado a que agravando las penas y generando temor, la gente no cometa delitos”, pero que no solucionan el problema de fondo, por lo que considera que se debe trabajar en una cultura de la prevención y educación.

Puso como ejemplo la violencia intrafamiliar, donde se agravaron las penas, pero no se generó concienciación ni prevención y no se ve una reducción del delito.

A su vez, el exjuez Luis Jaime Cruz señala que la responsabilidad penal de los delitos es personal y analiza que, en el caso de los menores de edad, las leyes buscaron alcanzar a sus padres, aunque, en su criterio, es difícil de asumir.

Pero, además, considera que de esta forma se buscó que los padres tomen precaución de que los menores no conduzcan vehículos sin permiso.///