Se incrementa el caso de padres que soliciten pensión a sus hijos en Cochabamba
Patricia M. de 51 años, se dedica a la costura. Ella contó que con sus cinco hermanos acordaron darle 250 bolivianos (cada uno) a su padre como pensión, por mes. Señaló que hacen el depósito hace más de 10 años.
Añadió que le pagan a su hermana menor a cambio de que le cocine, bañe y vista al adulto mayor. “La menor vive en la casa de mi papá. Le ofrecimos reconocerle para que lo atienda mientras los demás trabajamos y cumplimos con la mensualidad”.
Acotó que firmaron un documento transaccional en el Juzgado de Familia. Los hermanos depositan en una sola fecha para evitar que el adulto mayor tenga que realizar varios viajes para cobrar. Indicó que el padre hace unos años les entregó terrenos como herencia a cambio de que lo cuidarán hasta el día de su muerte. “Los fines de semana vamos a visitarlo y le cocinamos lo que a él le gusta. Sus platos favoritos son el conejo y pollo”.
Sin embargo, también hay hijos que se resisten a sostener a los padres. “Hemos tenido casos en los que no quieren darles ni un peso argumentando que su progenitor los abandonó desde pequeños, pero la ley no prevé eso y los obliga a cumplir con la asistencia familiar. Finalmente, acceden porque es peor ir a una cárcel”, manifestó el jefe del departamento del Adulto Mayor de la Alcaldía de Cochabamba, Mauricio Osorio.
Así como los hijos pueden pedir asistencia, con similar procedimiento, los adultos mayores exigen la manutención y visitas de sus descendientes. Hasta noviembre de 2019, se atendieron 106 demandas por pensión económica, la cifra equivale a un 15 por ciento más que los casos de 2017, informó Osorio. La Ley 603 del Código de Familias y del Proceso Familiar, aprobada el 19 de noviembre de 2014 por el presidente Evo Morales, obliga a los hijos a dar una asistencia económica a sus padres mayores de 60 años, principalmente, si estos no pueden sustentarse por sí mismos. La norma es de cumplimiento obligatorio, de lo contrario se sanciona con cárcel de hasta medio año.
La denuncia se realiza en oficinas del Adulto Mayor. A los tres días se cita a los hijos y se procede con la firma del documento transaccional. “Está la rúbrica del adulto mayor y de todos los hijos. Tratamos de poner un monto de acuerdo a sus posibilidades, unos dirán 100, 300 bolivianos o más. La norma ve las necesidades de uno y las posibilidades del otro”, indicó Osorio.
Sin embargo, aclaró que tras este compromiso el documento debe remitirse al Juzgado de Familia para su “homologación” y esa instancia será la que valide o fije un nuevo monto de la asistencia familiar. Acotó que la pensión debe ser el 20 por ciento del salario mínimo nacional, equivalente a 412 bolivianos por hijo. “La sentencia debe cumplirse. Si el adulto mayor tiene alguna enfermedad el monto puede subir”.
Señaló que el juez evalúa la situación de la familia. Comentó que en ocasiones los hijos que también son adultos mayores son absueltos de cumplir con la obligación porque no cuentan con un trabajo.
Acotó que la atención en la oficina del Adulto Mayor es ágil. En el Juzgado el trámite puede demorar al menos 45 días, de acuerdo a la carga procesal. El 65 por ciento de las denuncias son de madres.
En el caso de hijos que radican en el extranjero, indicó que se los cita mediante edicto. “Hemos tropezado con estos casos, pero el adulto mayor debe presentar el certificado de nacimiento del hijo. Es un tema serio la asistencia familiar. Hemos logrado que lleguen al país para resolver su situación porque incluso se puede embargar sus bienes por incumplir la obligación”.
La Ley 603, en su artículo 33 (Deberes de hijas e hijos tuteladas o tutelados), en el inciso d, obliga: “A prestar asistencia a su madre, padre o ambos, y ascendientes, cuando se hallen en situación de necesidad y no estén en posibilidades de procurarse los medios propios de subsistencia”.
El adulto mayor que solicite la asistencia familiar o quiera denunciar cualquier tipo de violencia puede dirigirse a la subalcaldía más cercana a su domicilio.
En Cercado, a la subalcaldía Adela Zamudio (plaza Colón), Tunari (Avenida Circunvalación casi Servicio de Caminos), Molle (Avenida Víctor Ustáriz, kilómetro 3 1/2), Alejo Calatayud (frente al Mercado de Villa México), Valle Hermoso (Avenida Suecia o Avenida Siglo XX y frente a la posta de salud de Villa Pagador) e Itocta (frente al Politécnico Militar en el kilómetro 4 1/2 y en la Estación Policial Integral, Sud.
La oficina central del Adulto Mayor está en la avenida Oquendo, frente a la plaza de la Mujer.
Osorio indicó que el departamento del Adulto Mayor atendió 1.733 caso, hasta noviembre. “200 menos que el año pasado”.
Detalló que 330 fue por violencia psicológica; 302 por agresión verbal; 252 por violencia económica; 205 por abandono; 193 por vulneración de derecho; 178 por abuso de confianza; 106 por asistencia familiar; 75 por violencia física y 92 por extravíos.
Acotó que más denuncias recepcionó la subalcaldía Adela Zamudio con 418 casos, Valle Hermoso con 201, Alejo Calatayud con 299, Tunari con 296, Itocta con 229 y Comuna Molle con 190.
Recomendó a los hijos y nietos tener paciencia con los adultos mayores y velar por su seguridad, higiene y alimentación.
Comentó que también resolvieron varios casos de violencia económica, es decir, de ancianos que han sido “estafados” y con engaños les han quitado sus propiedades. “Les hacen firmar ventas, anticréticos o préstamos de dinero que nunca les han devuelto”.
Cuestionó que algunos notarios se presten a validar esos documentos “ilegales”. “Están infringiendo la norma al permitir que un adulto mayor de 90 años esté vendiendo una propiedad”.
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El presidente Evo Morales, promulgó la Ley 603 del Código de Familias y del Proceso Familiar que obliga a los hijos a dar una asistencia económica a sus padres mayores de 60 años que no puedan sustentarse por sí mismos.///
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